La rúbrica del convenio tuvo lugar en Paraná. Participaron el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Andrés Sabella; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; y el decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Aníbal Sattler. De esta manera, las tres partes acordaron trabajar conjuntamente en la planificación, ejecución, supervisión y presentación en 2023 de la capacitación obligatoria y permanente en la temática de género y violencia contra las mujeres, destinada a quienes se desempeñan en el sector público en todos sus niveles.

Estas acciones se llevarán adelante en cumplimiento de la Ley Nacional N° 27.499 conocida como Ley Micaela.

CAPACITACIÓN

Al finalizar el encuentro, Sabella expresó: “Agradecemos al Ministerio de Desarrollo Social por hacernos partícipes. Llevaremos adelante, a lo largo y ancho de Entre Ríos, actividades de capacitación en la temática de género, tratando de abarcar y comprender a funcionarios y empleados tanto del Gobierno como de los municipios. Es un compromiso de la Universidad y de este gobierno provincial”.

Por su parte, Paira sostuvo que los convenios “se enmarcan en lo estipulado por el Observatorio de la Ley Micaela. Para nosotros son fundamentales las acciones conjuntas con las instituciones educativas. A lo largo de estos años venimos consolidando un camino que nos ha permitido avanzar y fortalecer la accesibilidad de derechos en este tema y otros de los que abordamos desde Desarrollo Social”.

En el encuentro estuvieron presentes, también, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia, Valeria Migueles; la subsecretaria de la Mujer, Tatiana Richardet; y la representante de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, Sabrina Medina.

DE QUÉ SE TRATA

La Ley 27.499, conocida como “Ley Micaela” fue promulgada el 10 de enero de 2019. Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

Micaela García había nacido en Concepción del Uruguay, pero estaba estudiando Profesorado de Educación Física en Gualeguay. “La Negra”, como le decían sus conocidos y familiares, llevaba a cabo actividades en los barrios y también vinculadas a temáticas de género y diversidad. En 2015 había formado parte de la primera marcha de Ni Una Menos que se replicó a nivel nacional. Dos años después, el 1 de abril de 2017 fue víctima de femicidio en Gualeguay y su nombre se convirtió en bandera de muchas y muchos, y también en ley.

Dada la obligatoriedad de la capacitación, quienes no se capaciten pueden ser pasibles de una sanción disciplinaria, tal como imposibilidad para ejercer puestos o cargos, entre otras. Todas las personas, independientemente de su puesto o cargo, deben capacitarse bajo los contenidos mínimos que establece.

El femicidio de Micaela puso en evidencia la falta de formación en perspectiva de género por parte de los agentes del Estado, formación que no sólo logra hacer más efectivas sus intervenciones, sino que incluso puede salvar vidas.

Sebastián Wagner, el agresor y asesino de la joven entrerriana, contaba una condena previa por dos violaciones. Había sido beneficiado con libertad condicional pese a que los informes penitenciarios lo desaconsejaban. Un día antes del ataque a Micaela, un padre se acercó a una comisaría de Gualeguay con intención de advertir un intento de violación a su hija por parte de Wagner. Pero la denuncia no fue tomada: le pidieron que volviera el lunes. De haber sido considerada la denuncia, el agresor hubiera vuelto a prisión de inmediato.