Sandra Martínez, de 50 años, falleció este domingo tras estar internada durante cinco días. El miércoles 5 de abril, había concurrido a los tribunales de Concordia para reclamar por una causa y, tras esperar para ser atendida, decidió rociarse con combustible y prenderse fuego. Por las heridas y quemaduras que sufrió, fue trasladada al hospital, pero resistió poco tiempo.

Tras su fallecimiento, desde el Superior Tribunal de Justicia pidieron una investigación para determinar en qué formas y circunstancias se dio el hecho que terminó en muerte, ya que algunas versiones indicaban que se molestó por “demoras” en la atención de su causa.

El fiscal Jesús Penayo Amaya, quien atendía una de las causas, contó que la señora Sandra Beatriz Martínez concurrió a la sede de calle Mitre 133 de Concordia para plantear un conflicto que atravesaba por la ocupación de un inmueble, en el marco de una sucesión. O sea, una cuestión de carácter civil, no penal, en la que no tiene competencia el Ministerio Público Fiscal, publicó El Entre Ríos.

“Aproximadamente un mes atrás –recordó Penayo Amaya– me entrevisté con ella, la escuché y le expliqué que su problema debía ser resuelto en la vía Civil, que Fiscalía no tiene competencias en casos así. No sólo agradeció las explicaciones, además, me contó que la misma indicación había recibido del Colegio de Abogados, adonde había concurrido en busca de asesoramiento”.

“A fin de contenerla y guiarla, desde Fiscalía se tomó contacto con un hermano de ella, para que pudiera ayudarla a canalizar su problema por la vía correspondiente”, precisó Penayo.

Respecto de lo que ocurrió puntualmente el miércoles 5 de abril, minutos antes de que la señora fuera a un baño del edificio, se rociara con combustible y se prendiera fuego, Penayo Amaya precisó que ella volvió a los tribunales para plantear el mismo conflicto. Desde Secretaría de Fiscalía una vez más se le dijo que debía seguir la vía civil para procurar una solución. “Pidió hablar conmigo. Le informaron que yo me había tenido que retirar de tribunales por problemas de salud de un integrante de mí familia, pero que la podría recibir en el siguiente día hábil. El personal la vio reaccionar en forma muy amable y hasta agradecida. Nada en sus actitudes llevó a suponer lo que ocurrió luego”.

El fiscal remarcó que “no hubo demora en atenderla en todas las oportunidades en que asistió, se buscó contenerla y guiarla con independencia de que su problema no fuera de competencia penal y ella se mostró siempre comprensiva y agradecida”.

“No es la primera vez que alguien va a Fiscalía pretendiendo denunciar cuestiones que no son penales. El justiciable no tiene por qué dominar aspectos jurídicos sobre las competencias. Por eso, en esos casos se explica y se ayuda a que la persona canalice su problema donde corresponda”, concluyó el fiscal.