En torno al caso del joven que apareció sin vida en el río en febrero de 2020 junto al boliche Sr. Ming, Martínez aseguró que “a criterio del Observatorio la sentencia no le hizo justicia, y será motivo de actuación de nuestro organismo”. Y durante la presentación se hizo referencia a los contenidos que contempla la ley nacional así como también de la ley provincial que fue sancionada y reglamentada, que obliga a la formación de funcionarios judiciales en torno a los derechos que le asisten a una víctima de cualquier delito. “Es toda una concientización, a funcionarios públicos y a la sociedad de estos derechos para que puedan hacerlos ejercer”, destacó consultado por Mirador.

Al aplicar la perspectiva del ciudadano, se contempla que el Poder Judicial brinde participación y escucha en todas las instancias del proceso, además la garantía de que jueces y fiscales cumplan con el objetivo de no revictimizarlos, garantizando que no deba cruzar cerca del imputado en el ámbito de las audiencias. Cachi Martínez ejemplificó entre otras garantías “que se les permita declarar en forma presencial o virtual o desde su domicilio, permitiéndole agregar pruebas sin constituirse como querellantes, sin necesitar un abogado. Proteger los datos de las víctimas, de los de testigos y familiares de víctimas. Y tomar medidas cautelares necesarias para evitar situaciones de peligro, en delitos que sean de organizaciones criminales o en los de violencia de género”, enumeró.

A nivel nacional el “Manual de Derechos y Garantías de las personas víctimas de delitos” fue creado por el ministro de Economía de Nación Sergio Massa junto a diputados del Frente Renovador y asociaciones de víctimas. Ahora, con una nueva ley provincial reglamentada, Cachi Martínez promovió un manual similar basado en la nueva ley de Santa Fe, que ya se comenzó a aplicar en causas del MPA provincial, como es el caso de Bocacha Orellano.

Una ley para los convidados de piedra, con la lupa en los jueces
Hace un mes se reglamentó la ley 14.181 de “Derechos y garantías de las personas víctimas de delitos y sus familiares”, que tiene alcance a todas las intervenciones de las distintas reparticiones de los tres Poderes del Estado que involucren a víctimas de delitos y cuya observancia es obligatoria para los magistrados, funcionarios, auxiliares de la justicia y empleados.

La ley provincial fue aprobada el año pasado, y reglamentada el pasado 3 de mayo, y tiene basamento en la ley nacional, que es de 2021. De todas las provincias sólo Santa Fe y Buenos Aires se adecuaron a ella con su propia ley.

Esta ley contempla la sanción de exonerar cargos de funcionarios judiciales en caso de no cumplir con la llamada “perspectiva de víctima”, es decir escuchar a la víctima o familiares, y para que esto se garantice, se conformará una capacitación obligatoria sobre perspectiva a todos los jueces y fiscales. “Algo que se asemeja a la Ley Micaela, pero la diferencia es que es una norma que establece que si esto no es cumplida esa capacitación, serán exonerados de sus cargos”, destacó Martínez.

Se sumó la capacitación o Instrucción a jueces y fiscales para que adquieran la perspectiva de víctima luego del persistente reclamo generalizado de las víctimas, que lo reconocían las propias autoridades. “Se sienten peor tratados que los delincuentes”, lanzó.

Desde ahora que la ley fue reglamentada hay un plazo de 180 días para que se realice la capacitación. Al reglamentarlo hemos contemplado que en la capacitación además de abogados y expertos en la materia, haya familiares de víctimas porque nada es más importante para generar empatía que acceder a testimonio de un padre que le mataron un hijo, para entender lo que es una víctima, más allá del conocimiento de lo legal.

Bocacha es ya jurisprudencia, a pesar de la baja sentencia

En los hechos, esta nueva ley ya se está ejecutando en la cuestión procesal, “en las garantías ya que los familiares de Bocacha durante las audiencias no se cruzaron con los imputados, y los jueces informaron a familiares del estado de las causas”, aseguró Oscar Martínez.

Sobre la sentencia a los cuatro imputados este miércoles en el caso de Bocacha Orellano, Cachi aseguró que el Observatorio que dirige en Diputados “va a analizar el fallo profundamente”, sobre todo las actuaciones de jueces y fiscales.

Entonces aseveró: “Hay un claroscuro, instalaron el preterintencional doloso, una figura legal compleja que es para observar. Vimos un mal funcionamiento de la Justicia, y si surgen elementos, los llevaremos a la Comisión de Acuerdos que lleva adelante procesos contra la actuación de fiscales”. El Observatorio acompaña a los familiares en muchos casos, tal es el caso de Bocacha, así como en el también resonante del Oso Cejas.

El camino de tres años

El proceso penal en el país hasta 2021 dejaba excluida a la víctima. Era el imputado contra el Estado, “y a la víctima o a los familiares se los tenía como un convidado de piedra del proceso penal, y se visualizaba que había mayor respeto por los derechos humanos de los delincuentes, o del imputado, que los de aquel que sufrió un delito o familiares. Son los derechos humanos de una de las partes, que no eran respetados en muchas de las causas”.

Cuando fue diputado nacional Martínez trabajó en dicha ley junto a otros diputados y las asociaciones, y en 2021 fue su aprobación. Cuando asumió como legislador provincial notó casos resonantes con liberación de presos en Vera que eran por delitos graves como la prostitución de menores, abusos sexuales, en la pandemia. “Los jueces liberaron a algunos condenados, sin notificar a las víctimas, violando los principios de la ley nacional, y fue ahí que creamos el Observatorio y que promovimos que en Santa Fe se genere esta ley”, recordó.

A partir de allí se organizaron asambleas en cinco ciudades tomando nota de jueces fiscales funcionarios del CAJ, el ministro de seguridad, expertos, asociaciones de víctimas (viales, de violencia de género y de inseguridad), “fueron más de 140 expositores, y de esos diálogos se perfeccionó el texto de la norma, que luego fue aprobada por unanimidad en las dos cámaras, luego de un proceso de tres años”.