Fue por hechos ocurridos en 2021 en la Unidad Penal N° 1 de Paraná vinculados al “comercio de estupefacientes y otras actividades delictivas por parte de internos allí alojados”, con la complicidad de personas en libertad y agentes del Servicio Penitenciario. Dos penitenciarios acordaron penas condicionales. No se probó que tuvieran relación con la venta, facilitación de ingreso y concreción de cobros del producido por la comercialización de drogas.

Fuentes judiciales informaron a Mirador de Entre Ríos que dos penitenciarios acordaron penas condicionales por el delito de Violación de los deberes de funcionario público. Reconocieron que “a cambio de dinero”, ingresaron a la cárcel de Paraná “teléfonos y otros elementos de valor, coordinando con internos de la Unidad Penal y/o con familiares de ellos; articulando pagos en efectivo, incumpliendo con ello los deberes que le incumben como Agente Penitenciario de Entre Ríos…”. Los imputados, de 39 y 40 años, fueron representados por los abogados Boris Cohen y Constanza Bonazzola, respectivamente; en tanto que el fiscal que lleva adelante la investigación es Santiago Alfieri Porqueres.

INGRESOS “SEMANALES”

Entre las irregularidades detectadas, según se consignó, se encuentra que “la cantidad de pastillas y droga que ingresa regularmente (posiblemente en forma semanal) a la Unidad Penal Nº 1 ronda entre las 500 y 1.000 pastillas, lo que resulta en una recaudación aproximada a los 50.000 pesos”. Se añadió que “similares cantidades de dosis de marihuana o cocaína son las que ingresan los internos de acuerdo con las escuchas, siendo corroborado por la prueba que se ha ido recabando, entre ella, el resultado de la requisa efectuada en el Pabellón N°1. Requisa ordenada, curiosamente, luego de descubierto el concierto delictivo que allí se llevaba a cabo, donde se secuestró una importante cantidad de droga”.

Durante la pesquisa del complejo hecho se advirtió el manejo de etapas para acceder al Régimen Preparatorio para la Liberación (RPL). Así, se indicó que se benefició con calificaciones favorables al interno sindicado como líder de la organización, a pesar que su conducta no lo posibilitaba; y faltantes de dinero secuestrado en requisas a los pabellones. También se destacó que “algunas” de las acciones investigadas “las llevan a cabo grupos de internos dentro de dicho establecimiento carcelario –con acciones dentro de la unidad penal y a través de directivas impartidas telefónicamente– que involucran además la participación de personas que se encuentran en libertad. Así, internos y personas en libertad organizan y perpetran violentos robos como así también balaceras dirigidas contra la familia de los denominados ‘Monos Aguilar’ en jurisdicción de la Comisaría Cuarta…” de Paraná.

ACTUACIONES

En el acuerdo que se presentará ante el Juzgado de Garantías correspondiente y al que accedió Mirador de Entre Ríos se consignó que Bértora “oportunamente consultó a autoridades penitenciarias –en forma telefónica– si se había dispuesto confección de actuaciones administrativas a fin de evacuar esto interrogantes y determinar responsabilidades en temas de seguridad interna de la unidad penal, respondiéndose afirmativamente desde el Servicio Penitenciario”. No obstante, se informó que “pese a ello no se posee aún registro ni información alguna de que estos procesos administrativos se hayan ejecutado”.

También se consignó que a partir “del contenido de las escuchas telefónicas del Pabellón Nº 1 en marzo-julio de 2021, hubo una comunicación telefónica con “el director de la Unidad Penal N° 1, a fin de cuestionar las fallas de seguridad internas advertidas a partir del informe policial, como también para controvertir el contenido de los informes carcelarios de los internos involucrados en las escuchas telefónicas, dado que particularmente el interno JR –supuesto cabecilla del grupo de internos involucrado en los ilícitos que se investigan– cuenta con informes carcelarios favorables para los institutos de salidas transitorias y semi libertad. Este dato es el más llamativo, pues la gran mayoría de los internos no logra esa calificación, es más: el 80 o 90% de los informes carcelarios resultan con calificación desfavorable”.

Algunos de los interrogantes que planteó Bértora fueron: “¿es posible sostener un informe favorable en relación al interno JR?; ¿es posible también que los funcionarios y agentes penitenciarios que han tomado intervención en relación a todas estas situaciones no tengan suficiente conocimiento de sus obligaciones legales que integran su ámbito de competencia material?” y sostuvo que “por el contrario, considero que evidencia que no está dentro de las prioridades del Servicio Penitenciario preservar el orden y la seguridad interna de la Unidad Penal N° 1, ni tampoco informar a las autoridades correspondientes, ni así tampoco iniciar sumarios a los internos y a los agentes o funcionarios penitenciarios infieles”.

Bértora también sostuvo que “en honor a la verdad y conforme las pruebas obrantes en las escuchas telefónicas, no es posible concluir que media connivencia del Servicio Penitenciario en estas actividades, pero sí una inoperancia, desidia y hasta podría decir cierta complacencia; pues no surge de los elementos de prueba una participación activa de los funcionarios penitenciarios en los hechos descriptos”.

Lo que sí se comprobó fue que “los internos cuando son trasladados a realizar distintas actividades administrativas, bancarias, de salud o judiciales mantienen libre contacto con familiares y amigos, todo ello con presencia del funcionario penitenciario. Claro está que esto no pudo ocurrir bajo ninguna circunstancia, pero lo peor no es la posibilidad de contacto físico de los internos y los extraños, sino la falta de requisa al reingreso al penal”.

Otra de las irregularidades detectadas en la investigación consistió en que “a todo lo relatado se suma que el interno JR se encuentra sindicado de haber agredido salvajemente al interno FEP en abril del corriente año, donde este último recibió patadas, golpes con objetos contundentes y una puñalada en la pierna izquierda, sin que esta circunstancia haya sido comunicada al juez de Ejecución correspondiente (Carlos Rossi)”.

También se agregó que “recién el 8 de abril el médico que integraba el ETI de este juzgado (Maximiliano Siromski) fue anoticiado solapadamente de que en la Unidad Penal Nº 1 había un interno que inexplicablemente se encontraba alojado desde hacía varios días en la sala destinada a las entrevistas de los abogados con los internos cuya defensa ejercen, encontrándose lastimado y sin atención médica”.

DUDAS EN LOS PROCEDIMIENTOS

En el acuerdo se señaló que el hecho que motivó la investigación “no es el primer episodio de seguridad que se presenta en lo que va del año dentro de la Unidad Penal N° 1” y se recordó que “en marzo hubo un hecho de gran repercusión pública donde se secuestró en el Pabellón Nº 11 una importante suma de dinero, pastillas y celulares. Lo curioso de este caso es que en su momento hubo groseras divergencias entre lo informado oficialmente y lo publicado en los medios periodísticos, en cuanto a los montos de dinero encontrados, fundamentalmente”.

También se añadió que a aquello “se sumaron comentarios de algunas personas que dicen haber tomado conocimiento directo de estas cuestiones, quienes han referido que las sumas de dinero informadas no coinciden con las halladas en procedimiento de requisa. Ello sin tomar en consideración los traslados de funcionarios penitenciarios que intervinieron en dicho proceso, todo lo cual permite alimentar dudas sobre los procedimientos realizados al momento del secuestro y documentación del hecho…”.