El juicio por presunto daño ambiental contra la empresa Petroquímica Bermúdez, o más conocida como ex – Electroclor, lleva un año sin avances en el proceso judicial. A mediados del año pasado data la última novedad que permitió que se pueda avanzar penalmente contra los dueños de la compañía.

Si bien los fiscales Matías Edery y Schiappa Pietra, vienen presionando para que se acelere con los procedimientos y se pueda avanzar con la audiencia imputativa por daño ambiental, no hubo efecto.

De hecho, ahora, uno de los fiscales, Edery, se encuentra atravesando una situación particular por otro caso que lo tiene en vilo. Es que dos fiscales de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional Nº1 con asiento en Santa Fe encabezarán la investigación penal contra el funcionario de la Agencia de Criminalidad Organizada, luego de la denuncia presentada por los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno por los delitos de acción pública, en base a diálogos "inapropiados" que el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) mantuvo con una lugarteniente de Los Monos, Mariana Ortigala, a quien imputaron por extorsiones contra el dueño de una agencia de loterías.

Ante este escenario, se dificulta la posibilidad de presión por parte de ambos fiscales para poder generar que se reactive el juicio contra Petroquímica Bermúdez. Por ahora, lo que se logró concretar es que la Cámara de Apelaciones de Rosario resolviera que se puede avanzar penalmente contra los titulares de la firma: Sergio Tasselli, su hijo Máximo y su yerno Matías Gallego.

Esto fue posible gracias a que se dejó sin efecto la resolución del juez Juan José Tutau, la cual extinguía la acción penal contra los propietarios de la compañía. Por eso, los fiscales buscaban que se reanudara el proceso judicial cuanto antes, pero a un año de esta noticia, no hubo más avances.

El inicio de un caso resonante
El caso salió a la luz cuando la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia advirtió que la compañía había incumplido los compromisos de inversiones a los que se obligó tras inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías, tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas y venenosas que exhibían deterioro por procesos de oxidación irreversibles.

Ante este escenario, para los fiscales, los dueños de la firma tenían que poder ser imputados en la causa, porque tienen responsabilidad en supuesto daño ambiental. Hasta el momento, previo al fallo del Tribunal, solamente dos de los cinco implicados estaban formalmente imputados.

Se trata del exfiscal regional, Patricio Serjal, y el fiscal de Estado adjunto, Gustavo Luzzini; por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por encubrimiento. Y a Serjal por omisión de persecución. A los titulares de la ex Electroclor, los fiscales buscan que se los impute por contaminación dolosa y perjuicio al medioambiente.

“Que puedan ser imputados los dueños para nosotros es una gran noticia”, había afirmado oportunamente Pietra, y explicó: “Antes de este fallo íbamos a tener complicaciones, pero ahora vamos a poder imputar, avanzar, acusar y llevar a juicio a estas personas. También es de resaltar que esta causa vincula a empresarios de altísimo poder y es clave que la Fiscalía la pueda llevar adelante”.

¿Dónde se concentra la investigación? Una de las hipótesis que ratifican Edery y Schiappa Pietra tiene que ver con los motivos que habría tenido el exfiscal regional, Patricio Serjal, para haber aceptado frenar la acción penal contra la empresa, que habría ocasionado un daño ambiental irreversible.