En el documento, que registra datos de los últimos nueves meses del año, se da cuenta que el principal problema que hay actualmente en Rosario con respecto al mercado inmobiliario es el desequilibrio que hay entre oferta y demanda.
En Rosario el reclamo sobre temas vinculados a los alquileres sigue liderando el podio en la Oficina Municipal del Consumidor, según el informe al que accedió Mirador Provincial. Es que en lo que va del 2023, la mitad de los planteos corresponde a inconvenientes de los inquilinos.
En el documento, que registra datos de los últimos nueves meses del año, se da cuenta que el principal problema que hay actualmente en Rosario con respecto al mercado inmobiliario es el desequilibrio que hay entre oferta y demanda.
Resulta que, según los números recabados por la Oficina que depende del Concejo municipal, en la ciudad hay unas 60 mil viviendas ofrecidas a la venta, pero menos de mil destinadas exclusivamente a alquiler.
El coordinador del Consejo Asesor de la Vivienda, Ariel D'Orazio, señaló a Mirador Provincial que, pese a que “se construyen hasta 700.000 metros cuadrados por año, no hay oferta que satisfaga la demanda de alquilar”.
Ante este escenario, el coordinador se cuestione “dónde están los inmuebles” y apunta a que el gobierno “debe intervenir y planificar el acceso al hábitat. En esta línea, hace hincapié en que, si se construyó “tanto” y con cada vez menos propietarios, “necesitamos que se regule y armar un registro de la vivienda ociosa en la ciudad”.
Resultados con lupa
Los resultados del informe forman parte del estudio y seguimiento de los expedientes ingresados. Sobre el total de los reclamos, el 49% corresponde a la problemática de alquileres; siendo casi la totalidad de ese porcentaje, el 47% vinculado a viviendas con destino familiar, y el 2% por alquileres comerciales.
De ese total de denuncias por alquileres, el 62% fueron radicadas contra inmobiliarias, el 28% contra dueños directos y el 10% restantes contra estudios jurídicos o contables.
El 62% de las denuncias fueron por incumplimientos a la Ley Nacional de Alquileres e incluyen: cobros indebidos de expensas extraordinarias y no habituales; incumplimientos en la reparación de cuestiones urgentes en la vivienda y arreglos edilicios necesarios; exigencia de la parte locadora por firmar contratos por plazo menor al plazo mínimo legal; intención de actualizar los valores con índices o en plazos contrarios a lo que establece el artículo 14 de la Ley 27.551 o incluso intentando imponer valores en moneda extranjera; no aceptación de la propuesta de garantías para el contrato; exigencias de depósito en garantía, superiores al valor del primer mes de alquiler o en dólares; cobro de impuestos que gravan la propiedad; y cálculo erróneo en la aplicación del índice.
Otro dato a tener en cuenta, según señala el informe, es que estos trámites representan un 42% del total del área. Dentro de este rubro, sólo el 32% fueron realizadas contra administradores del Registro Público de Administradores de Consorcio.
Las consultas son motivadas por las siguientes razones: Entre ellas, por inscripción en el Registro de Administradores de Consorcios; por malas gestiones; a raíz de falta de transparencia en la liquidación de expensas; porque el administrador no convoca asambleas o no realiza rendición de cuenta; trato indigno por parte del administrador; consultas sobre la implementación de la ordenanza municipal “Expensas Claras”; aplicación de intereses abusivos al momento de abonar expensas atrasadas; planteos por dificultades para realizar el pago mensual y por morosidad.
“Del total de las denuncias, el 61%tuvieron resolución favorable. En cuanto a los casos recibidos con administradores inscriptos se resolvieron de manera favorable en un 88%, lo que evidencia la necesidad de reforzar y jerarquizar el funcionamiento del registro, pues se trata de una herramienta fundamental a la hora de resolver conflictos entre consorcistas y administraciones”, detalló D’Orazio.
Por otra parte, los tramites y consultas restantes obedecen a los planes para la compra de viviendas con financiación anticipada (5%), viviendas prefabricadas (2%) y denuncias contra constructoras o fideicomisos (2%).
Cabe destacar que además de los 791 expedientes iniciados, desde esa área, de manera ininterrumpida se reciben consultas que, al canalizarse por distintas vías de comunicación, no llegan a convertirse en expedientes.
En total, la Oficina Municipal del Consumidor recibió en ese período 1.548 consultas vinculas a distintas áreas del organismo, de las cuales 755 canalizaron por correo electrónico, 601 de gestión telefónica y 192 de redes sociales.
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