El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, integrado de manera unipersonal en la vocalía de Luciano Homero Lauría, resolvió “condenar a Mauricio Benítez a la pena de cuatro años y tres meses de prisión y multa, unificar la pena impuesta con la dispuesta en el Legajo N° 13508 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones N°5 del Poder Judicial de Entre Ríos 23 de marzo de 2021, fijándose en la pena única de seis años de prisión y multa; condenar a Jonatan Benítez, a la pena de cuatro años y tres meses de prisión y multa, unificar la pena con la dispuesta en el Legajo N° 13508 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones N°5 del Poder Judicial de Entre Ríos 23 de marzo de 2021, fijándose en la pena única de seis años de prisión y multa; condenar a José Leónidas Godoy, a la pena de cuatro años y tres meses de prisión y multa”, como autores del delito de Tenencia y comercialización de estupefacientes.

También resolvió “condenar a Carlos Alberto Leiva, Ana María Maldonado, Luis Alberto Cabrera, Lucrecia Belén Godoy e Ignacio Salvador Godoy, como partícipes secundarios del delito de Comercio de estupefacientes, a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y multa, concediéndoseles la libertad condicional, atento al tiempo de detención cumplido preventivamente”.

Mauricio Benítez, de 43 años, changarín, con instrucción secundaria incompleta; Jonatan Alexis Benítez, de 25 años, changarín, con instrucción secundaria completa; Ana María Maldonado, de 38 años, soltera, empleada con instrucción primaria completa, todos oriundos de La Paz; Carlos Alberto Leiva, de 30 años, albañil con instrucción primaria incompleta y Luis Alberto Cabrera, de 27 años, pensionado, con instrucción secundaria incompleta, ambos oriundos de Paraná; José Leónidas Godoy, de 40 años, changarín y pescador, con instrucción primaria incompleta; Lucrecia Belén Godoy, de 29 años, ama de casa, con instrucción secundaria incompleta; e Ignacio Salvador Godoy, de 36 años, cuidador de caballos, analfabeto, son oriundos de Santa Elena.

Lauría entendió que “ha quedado acreditado que, a partir del 31 de marzo de 2015 las autoridades de prevención a cargo de la delegación de toxicología dependiente de la jefatura departamental La Paz, de la Policía de Entre Ríos, a través de sucesivas notas pusieron en conocimiento a la justicia federal de que Mauricio Benítez y Alexis Jonatan Benítez, domiciliados en La Paz; y José Leónidas Godoy, alias ‘Coco’, residente en Santa Elena, desarrollaban conductas y/o actividades en franca infracción a la Ley de estupefacientes N° 23.737, lo que se reflejaba en las tareas de inteligencia acometidas. Puntualmente se tenía que los nombrados comercializaban estupefacientes en la modalidad de marihuana y cocaína, en la zona de influencia de dichas localidades”.

La investigación determinó que “para el desarrollo de tales actividades ilegales, los sindicados se apostaban en una plaza pública ubicada en el predio del mirador de La Paz, precisamente sobre calle 3 de Febrero y Berutti; haciéndolo de modo ostentoso, diariamente y al menudeo Alexis Benítez, entre las 14 y las 18 horas; al igual que en el propio domicilio de éste y de Mauricio Benítez, a modo de delivery y/o por encargue”.

También se probó que “a su vez, que en Santa Elena, lo hacían de la misma manera desde el domicilio de José Leónidas Godoy y desde la esquina de ese barrio, con el auxilio de una barra de personas apodada ‘Los Pelo Miau’, encargados de señalar a potenciales compradores y avisar sobre la existencia del producto ilícito, todo a cambio de dinero y/o de estupefacientes para consumo; avisando también la potencial o cercana presencia policial”.

Además, se probó que “…los nombrados, no obstante vivir en distintas localidades, mantenían estrechas relaciones, pudiendo determinarse una particular sociedad, siendo frecuentes las visitas de unos con otros en procura de provisión de estupefacientes para la venta. Igualmente se advertía que los hermanos Benítez se hallaban asociados a otras personas que a su vez obraban de vendedores, guardadores, fraccionadores y colaboradores en dicha empresa delictiva”.

La causa tuvo su inicio a raíz de tareas de investigación llevadas a cabo por la Jefatura Departamental de La Paz, en relación “a actividades de comercio de estupefacientes. También se acreditó con el avance de las investigaciones “la participación de otros sujetos en la venta del material ilícito”.