Los cuidacoches -también llamados “trapitos”- en Rosario siguen siendo un tema de debate con alto voltaje entre vecinos y vecinas. Si bien en el nuevo Código de Convivencia se contempla el tema, no termina resolviendo de fondo el problema.

Pese a que, desde hace años, se vienen proponiendo diversas ideas para implementar, ninguna termina prosperando. Ahora, hay un proyecto del concejal Miguel Tessandori, que busca obtener luz verde en el Palacio Vasallo, pero no sin polémica previa.

La intención del legislador para terminar con el conflicto con los cuidacoches es que se los pueda multar a quienes obstruyan el tránsito, hagan uso preferencial de la calzada o generen extorsiones con cifras que inician en los 3 mil pesos y llegan a los 57 mil. Para eso, habría que primero modificar el actual Código de Convivencia, que se modificó con la gestión del reelecto Intendente, Pablo Javkin.

La iniciativa no solo tiene una mirada punitiva, sino que también propone que los cuidacoches sean censados para poder registrarlos y otorgarles una licencia oficial. Lo innovador del proyecto en este aspecto, radica en que solo podrán conseguir su licencia los trapitos que cuenten con el 10% de los votos de los vecinos y vecinas del barrio donde se asientan.

Para poder conseguir la licencia, deberían presentar certificado de antecedentes penales y de buena conducta. Y un estudio de impacto ambiental. De esta forma, la Secretaría de Control y Convivencia otorgaría una credencial de autorización que podrá ser revocable en forma unilateral por parte del Ejecutivo.

Otro punto que resalta el legislador en su proyecto es que los trapitos que cometan infracciones contempladas en la modificación del Código de Convivencia, a modo de sanción realicen tareas educativas, con la mirada puesta en concientizar.

¿Cómo funciona actualmente la regulación?
En base a lo que indican las nuevas reglas de juego vigentes en la ciudad para poder sancionar a un “trapito” -según lo aprobado en el nuevo Código de Convivencia- el vecino tiene que tener que probar que lo extorsionaron.

Esto, según anticipó Roy López Molina, “traerá dos complicaciones para el ex edil: qué vecino va a poder grabar ese momento de violencia, que es efímero”; y segundo, se habla de “extorsión” que tiene una pena de prisión en el Código Penal y no una multa en el Código de Faltas. Por eso dijo que “es cambiar todo para que nada cambie"”

“El proyecto, en concreto, cambia uno de los artículos del Código y pide prohibición de la actividad. Esto tiene que quedar bien claro. Porque esto posibilita que las autoridades tengan un elemento para poder sancionar a los extorsionadores específicamente, que se los ve en partidos de fútbol, espectáculos, entre otros”, detalló Tessandori a Mirador Provincial.

“Por otro lado, para los que tienen un buen trato con los vecinos, se tiene en cuenta la posibilidad de armar un registro con límites para ciertas cuadras y demás, que se les pueda dar algunas cuadras, pero no implica sindicalización, agrupación ni organización. Por eso, solo será posible con la firma de los vecinos y vecinas”, agregó.

Antecedente reciente
Hay que recordar que la discusión sobre qué hacer en Rosario con los “trapitos” no es para nada nueva y viene siendo un tema caliente desde hace años. Hubo varias intenciones de regularlos, pero ninguna prosperó.

A finales del año pasado se llevaron a cabo varios espectáculos masivos en los que los asistentes tuvieron que pagar hasta $ 1.000 pesos (hoy serían más de dos mil o tres mil pesos) para dejar sus autos e, inclusive, en un recital hubo detenciones.

Se trata de una de las grietas que se vive de manera intensa en la ciudad. La reiterada queja de vecinas y vecinos que denuncian extorsión y amenazas de cuidacoches y limpiavidrios, llegó al Concejo en reiteradas oportunidades, aunque sin éxito en su tratamiento. Pese a los diversos proyectos presentados para regular la actividad, ninguno vio la luz.

Trabas
Tessandori afirma que esto “no avanza” porque “lo frenaron”. Para él es una idea muy factible, pero el resto de los bloques “no dejan que avance”. Se trata de una queja constante de quienes proponen una medida para intentar regular a los cuidacoches.

El concejal entiende que su proyecto contempla todos los matices: si bien castiga con multas severas, también busca un consenso con los vecinos y un censo que los habilite a ocupar diversos barrios con aprobación de los vecinos y vecinas.

En base a lo que indica el texto de su iniciativa, deja en claro que no se puede tarifar las cuadras, porque “si se tratara de un pago obligatorio, entonces estaríamos ante una concesión solapada del espacio público o de un servició público entregado a privados; y se debería seguir la normativa al respecto”.

Tessandori afirma que “existe una desigualdad manifiesta y desproporcionada entre el ciudadano que deja un bien desprotegido con relación a una persona que ofrece un servicio de seguridad, que naturalmente no le corresponde por ser materia de las fuerzas policiales. El ciudadano debe elegir entre la evidente ausencia del Estado y la virtual obligación de pago a cambio de una supuesta protección. No le queda otra opción que pagar”.