En las islas entrerrianas frente a la ciudad de Rosario y alrededores vienen siendo foco de atención, previo, durante y post incendios en los Humedales del río Paraná, por la proliferación de terraplenes ilegales que se viene construyendo a la sombra de las autoridades.

Esta situación que, venían denunciando las diversas organizaciones ambientales, se mantenía como una suerte de secreto a voces, dado que la Justicia no actuaba al respecto. Pero, ahora, con el fallo del juez federal Federico Martin, los terraplenes ilegales se materializaron públicamente.

Es que el fallo ordena a un empresario ganadero a derribar una intervención realizada a la altura del puente Paranacito, cuyas obras ya habían comenzado. Se ubicaba cerca del puente Rosario-Victoria, en jurisdicción del departamento de Victoria, provincia de Entre Ríos.

Se trata de una metodología que afecta de forma directa el ecosistema de los Humedales, alterando fuertemente su fisionomía y la geografía isleña. En muchos casos, el perjuicio se puede reparar, pero en muchos otros se vuelve irreparable.

La construcción de taludes ilegales tiene como principal objetivo la cría de ganado o el desarrollo de agricultura. Esto se denunció fuertemente cuando los incendios intencionales en las islas golpeaban a Rosario y las localidades vecinas, llegando el humo, inclusive, a Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Hace cuatro años tomó estado público y mediático una denuncia realizada por la propia Municipalidad de Victoria ante la explotación agrícola de la firma Bema Agri, ubicada en la isla Irupé, en jurisdicción de Victoria y frente a la costa de Villa Constitución.

Según contó a Mirador Provincial el referente de El Paraná no se Toca, Jorge Bártoli, se trata de obras “muy extendidas”, que “se vienen denunciando desde hace muchos años”. “Esto está vinculado a negocios inmobiliarios y agropecuarios. Esto se visibiliza en muchos otros Humedales del país”.

Los terraplenes sirven para cambiar el curso del agua y evitar que ciertas zonas se inunden. “Hay un caso emblemático de una firma holandesa frente a Villa Constitución que fue denunciada por esto; y, solamente en lo que es el departamento Victoria –con una serie de islas que acumulan 376 mil hectáreas-, relevadas por la Delegación de Islas (cifras oficiales) hay una veintena de terraplenes”, recordó.

Todos fueron construidos de facto. Fueron realizados por obra y voluntad de propietarios u ocupantes de los terrenos que introducen maquinaria pesada sin ningún tipo de permiso.

En cuanto a los efectos ecosistémicos de estas obras, “el impedimento del paso de agua es una sentencia de muerte para el ecosistema. Se altera lo natural. Es una modalidad que se viene replicando desde hace más de una década”, explicó Bártoli.

“Este fallo es inédito. Nunca se obligó al constructor de un terraplén a demolerlo. Esto sienta antecedente. Es un hecho histórico. Se trata de 23 kilómetros de terraplenes. Es una obra monumental. Es algo muy valioso este fallo. Ojalá se hubiera dado antes. Cuando la Justicia toma cartas en el asunto, pasan estas cosas”, indicó.

Para el referente de la ONG ambiental este tipo de fallos marcan un antes y un después, aunque es consciente de que siguen existiendo terraplenes ilegales y que se continuarán construyendo, ante la pasividad de los organismos de control y la falta de recursos para supervisar las zonas.

“La construcción de nuevos terraplenes es para nosotros difícil de detectar, porque no tenemos posibilidad de estar al tanto de lo que sucede en la totalidad del territorio. Esto debería ser atribución y responsabilidad de los organismos de control, empezando por la Delegación de Isla del municipio de Victoria, con sus escasos de recursos y apoyo. Pasa algo parecido con la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos, por ejemplo. Podemos estimar que sigue habiendo movimientos de suelo no autorizados y lesivos para el ambiente”, concluyó.