La medida, acordada entre Fiscalía y defensa, es por 25 días y se fundó en la existencia de los riesgos de entorpecimiento de la investigación y el de fuga.

La fiscal de Paraná, Patricia Yedro, y Daniel Rosatelli, defensor de Mauricio Grandoli, de 41 años, funcionario policial con el rango de sargento ayudante en comisaría octava, padre de dos hijos de 14 y 10 años, que no tiene antecedentes condenatorios, presentaron ante el juez de Garantías de Paraná, Eduardo Ruhl, el acuerdo de prisión preventiva al que arribaron mientras se sustancia la Investigación Penal Preparatoria (IPP) para determinar la responsabilidad de Grandoli en los hechos que se le imputan y fueron subsumidos, en esta etapa preliminar, bajo la calificación legal de Homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Fuentes judiciales informaron a Mirador Entre Ríos que Ruhl resolvió hacer lugar al acuerdo y dictó la medida de coerción morigerada en arresto domiciliario por 25 días. El sospechoso cumplirá la medida en la casa de un familiar y bajo la responsabilidad de éste, mientras se sustancia la investigación. La misma caducará el lunes 18 de diciembre, día en que, si no se solicita su renovación, recuperará inmediatamente la libertad.

EL HECHO

Al funcionario se le imputó que “el 23 de noviembre de 2023 a las 15.50, se presentó a bordo de una moto 390 cilindradas, en cortada 831 sin número y Lebensohn de Paraná, donde funciona el merendero Lucerito, donde se encontraba Maximiliano Yarull. Al arribar le manifestó ‘le quisiste robar a mi hijo, ahora saca el cuchillo hijo de p…’, luego de los cual extrajo de entre sus ropas un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, arma reglamentaria asignada a Grandoli en virtud de ser funcionario policial, con la cual efectuó al menos cinco disparos en dirección a Yarull, con claro conocimiento del riesgo que implicaba para la vida y/o integridad física del mencionado, quien fue alcanzado por uno de los proyectiles que impactó en su pierna derecha debajo del muslo”.

CUCHILLO

Grandoli, por consejo de su defensor, se abstuvo de declarar. Fuentes judiciales consultadas indicaron que la investigación deberá determinar si el funcionario incurrió en un exceso cuando actuó en defensa de sus hijos, de 14 y 10 años, quienes según informaciones que se están analizando, fueron abordados por Yarull con un cuchillo para despojarlos de las pertenencias que llevaban consigo.

El pedido que presentaron a Ruhl la fiscal y el defensor, se fundó en que “existen elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible de Grandoli en el que se le endilga”. Entre aquellos se mencionó el parte de comunicación de novedad del 23 de noviembre remitido por comisaría decimotercera y las entrevistas mantenidas con testigos presenciales; restando incorporar la declaración de la víctima, que se realizará cuando se le dé el alta médica, y el informe de la atención médica que se le brindó en el Hospital San Martín.

Las partes acordaron que “en el escrito presentado se fundamentan de manera suficiente los concretos y serios riesgos que apoyan la medida interesada. En efecto, hay razones objetivas para conjeturar que el imputado en libertad podría entorpecer o perjudicar la investigación de los hechos que están siendo investigados y presionar o intimidar a la víctima y a los testigos del suceso a fin de mejorar su situación procesal o sustraerse del proceso dándose a la fuga”.