Este lunes 4 de diciembre, en audiencia en casación, la defensa de Ezequiel Morato –condenado por el crimen de Gonzalo Calleja– solicitó la nulidad parcial del veredicto; el cambio de calificación: de Homicidio triplemente agravado por Homicidio en ocasión de robo, con dolo eventual; y el reenvío de las actuaciones para evaluar la pena. En este caso la diferencia es prisión perpetua o 25 años de cárcel.

En tanto, la defensa de Francisco Giménez, pidió que se anule el veredicto y se realice un nuevo juicio.

El 31 de marzo de 2021, tras una semana de debate y a 20 meses del crimen del joven contador Gonzalo Calleja, en Paraná, un jurado popular halló a los acusados, Ezequiel Morato y Francisco Giménez, culpables del delito de Homicidio triplemente agravado por alevosía y criminis causa, para ocultar el robo y procurar impunidad, en concurso real con Robo. A casi dos años de aquel veredicto, las acusaciones y las defensas se vieron las caras en una audiencia de mejoramiento de los recursos de casación que presentaron el defensor público en Casación, Luis Pedemonte, que representó a Morato; y Claudio Berón, defensor de Giménez. El 5 de febrero de 2024 se conocerá la resolución de la Cámara.

Ante la Cámara de Casación de Paraná, integrada por Marcela Davite, Gustavo Pimentel y Darío Perroud, que subrogó a Marcela Davite, Pedemonte sostuvo que no hubo un plan para matar al contador y despojarlo de los dólares que había convenido cambiar con Morato. Sostuvo que “la prueba demuestra que la famosa emboscada fue para robar y no matar; para hacerse de los dólares que llevaba Calleja”.

El defensor público manifestó que “no hubo premeditación para matar” y la prueba es la desprolijidad de los acusados a la hora de despojarse del cuerpo de la joven víctima y que Morato dejó pruebas sembradas en todos lados. Añadió en sostén de su hipótesis que la idea fue robar porque Calleja no podría denunciar el ilícito en su contra porque ejercía una actividad ilegal. Así, sostuvo que el hecho “se les fue de las manos”.

Berón, por su parte, formuló tres agravios que entendió se concatenaban. En orden de menor a mayor, enumeró: afectación del principio de culpabilidad, basado en que la prueba en contra de Giménez es circunstancial y nunca directa; violación del ejercicio de la defensa, en referencia a información sobre otras causas y antecedentes de su representado, que entendió innecesaria o que pudo introducirse de otra manera en el juico porque condicionó al jurado de manera negativa; y la defensa ineficaz de la defensa de Giménez en el juicio ante un jurado popular.

A su turno, los fiscales, Ignacio Aramberry y Santiago Alfieri Porqueres, y la querella particular, solicitaron la confirmación del veredicto emitido por un jurado popular. Así, defendieron el veredicto del jurado popular, destacaron que aquel fue debidamente instruido por el juez técnico del juicio, señalaron que la supuesta defensa ineficaz no ocurrió y defendieron al primer defensor, entendiendo que el cuestionamiento obedece a una estrategia recurrente de señalar la situación, pero que en realidad es la expresión de la disconformidad con la estrategia elegida por el primer letrado. También señalaron que la prueba comprometió seriamente a ambos, especialmente a Morato.

Los acusadores entendieron que el cuestionamiento a la incorporación de información que influyó negativamente en el jurado popular respecto de Giménez, no sucedió. Señalaron que la información se expuso para exhibir que Giménez mintió cuando dijo que solo conocía a Morato porque trabajó de albañil en su casa días previos al crimen de Calleja. Añadieron que sirvió para exponer que se conocían, al menos, desde 2019.