Días atrás se realizó una convocatoria en cuatro ciudades de la provincia en reclamo por el cierre del Instituto Nacional del Teatro. El proyecto de Ley Ómnibus enviado al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo busca, entre otras cosas, derogar la ley que creó al INT.
La cultura es un aspecto fundamental para el desarrollo de una sociedad. Dentro de lo que podemos considerar como parte de la cultura, y para no entrar en teoricismos que no sumarían mucho a esta cuestión, se pueden identificar una serie de actividades como pintura, la música, el cine, el arte callejero y el teatro, entre muchas otras. Para un buen funcionamiento de estas acciones, se generan diversos colectivos y grupos compuestos por trabajadoras y trabajadores del campo que, a través de la gestión y la lucha inclaudicable, pueden allanar el terreno y facilitar el acceso a bienes culturales. Los logros conseguidos no son solo un beneficio para el colectivo de trabajadores, sino también para la sociedad en general, que puede disfrutar de las diversas creaciones.
De esta manera es como se pudieron crear el Fondo Nacional de las Artes (FNA), creado en 1958; el Instituto Nacional de Teatro (INT), fundado en 1997; el Instituto Nacional de la Música (2013) la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), creado en 1870, y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), que data de 1957, entre otros. Todos estos organismos permiten generar y propiciar un ambiente para el buen desarrollo de las actividades, a través de la gestión de fondos para salas de cine y de teatro, para bibliotecas populares y la posibilidad de que nuevos artistas puedan emerger en estos ámbitos. Además, estos organismos, que son reglamentados por una ley nacional en cada uno de los casos, son espacios de construcción colectiva y de difusión de la cultura.
Con la presentación de la llamada Ley Ómnibus, un paquete de reformas del Estado, enviada al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo en los últimos días de 2023, muchos de estos organismos comenzaron a ser cuestionados por una misma razón, ligado a lo económico. Sin embargo, desde el INT aseguran que lo que se recortará en lo que respecta a la cultura corresponde al 0,2% del presupuesto nacional, mientras que el valor agregado anual de las actividades culturales es de 1,8%, posicionándose como un sector superavitario.
En contraposición a los proyectos de derogación y/o modificación de las leyes que regulan a estos institutos, en todo el país se realizaron diversas manifestaciones en las que se pudieron observar una gran articulación de distintas instituciones y ámbitos culturales. La Asociación Argentina de Actores y Actrices, en un comunicado publicado poco tiempo después de conocerse el proyecto de Ley Ómnibus, sostuvo que es el “avance más violento en la historia reciente contra leyes fundamentales”. Por otro lado, trabajadores del INT señalaron que “la vida funcional del organismo y los compromisos adquiridos con la actividad están paralizados” y que el proyecto “aniquilaría la actividad teatral independiente en Argentina”.
En este contexto, el Colectivo de Teatristas Autoconvocados de la provincia realizó una serie de reclamos que se pudieron visibilizar este martes 2 de enero en Gualeguay, Gualeguaychú, Paraná y Concordia. Estas acciones fueron pensadas mediante una serie de encuentros virtuales entre trabajadores y la comunidad teatral de Entre Ríos.
Bajo el lema de “No a la Ley Ómnibus” la sociedad acompañó en cada una de las ciudades en que se realizaron las convocatorias. Una gran cantidad de vecinos colmaron los principales espacios públicos de estas localidades: Plaza 1° de Mayo, en Paraná; Plaza Constitución, en Gualeguay; concentración en Av. del Valle y San Lorenzo y posterior movilización a Obeliscos, en Gualeguaychú; y Plaza 25 de Mayo, en Concordia.
Las primeras palmas que se sintieron en la plaza 1° de Mayo en Paraná este martes 2 de enero fueron las que chocaban con piernas, brazos y cuellos por la presencia de una gran cantidad de mosquitos que, con la caída del sol, comenzaban su cacería y se encontraban con una buena presencia de personas que aguardaban el comienzo de la manifestación en contra de la Ley Ómnibus alrededor de la estatua de San Martín, ubicada en el centro de la plaza. Pasadas las 20, se sintieron las primeras palabras que, por encima del murmullo, salían desde un altavoz de mano e invitaban a concentrarse sobre la peatonal.
Una cuerda de murga acompañaba los aplausos generando un ambiente festivo en medio de una manifestación que tenía como objetivo mostrar unidad entre la comunidad teatral y cultural de Paraná. Los sonidos que salían desde los cueros eran acompañados por baile y canto de algunas letras populares como: “El pueblo, unido, jamás será vencido” o “Se va a caer, se va a caer, el decretazo de Milei”.
Luego de unos minutos de cantos y bailes, se procedió a la lectura del documento redactado por las y los integrantes del colectivo, que fue acompañado por el sonido de bombos, redoblantes, aplausos y abucheos. Finalizada la lectura, que duró unos 20 minutos, se abrió el micrófono a quienes quisieran dejar expresar sus demandas, necesidades y disgustos, para luego darle lugar a las intervenciones artísticas. Para cerrar la segunda noche del año, se hizo un recorrido alrededor de la plaza y se dio por finalizada la primera convocatoria en defensa del teatro que, por lo que se puede vislumbrar, no será la última.
El Colectivo de Teatristas Autoconvocados de Entre Ríos redactó un documento donde pudieron manifestar con palabras algunas de las demandas y explicaciones sobre la importancia del INT, entre ellas: “Consideramos que estas medidas apuntan contra el sistema democrático constituido luego de la dictadura militar y contra los derechos que conquistamos los trabajadores de la cultura durante décadas”.
“El INT y el FNA son organismos clave para el desarrollo de las prácticas artísticas y el acceso a las mismas por parte de la población” y que “toda la información vinculada al funcionamiento del organismo y al destino de los fondos que maneja son de público conocimiento, lo que respalda y garantiza su transparencia”.
“Nuestra ley fue modelo en materia de legislación cultural a nivel internacional y sirvió como referencia para las leyes de teatro provincial, entre ellas la Ley de Teatro Independiente N° 10.931 de la provincia de Entre Ríos, sancionada en octubre de 2021”.
“Sin ese apoyo (el del INT) no solo que podrían subsistir solamente las grandes producciones que generalmente se desarrollan en ciudades de una gran densidad demográfica, sino que también favorecen a la profesionalización de artistas, investigadores, gestores y técnicos, técnicas, ofreciendo posibilidades de formación para todas aquellas personas que quieran especializarse, multiplicando así una mirada sobre las artes como un campo laboral y generando nuevos rubros de trabajo y crecimiento”.
“Por todo lo expuesto, como Colectivo de Teatristas Autoconvocados de la provincia de Entre Ríos, entendemos que la propuesta del Poder Ejecutivo toca profundamente el alcance de los bienes culturales por parte de la población, desintegrando las redes comunitarias que sostienen los vínculos sociales en diversos puntos del país, restringiendo el acceso a la cultura de sectores excluidos e inaccesibles según las reglas del mercado”.
“Las variaciones pretendidas dejan sin efecto la obligatoriedad de la capacitación en Género para los y las integrantes de los tres poderes del Estado, en contradicción con las obligaciones asumidas por el Estado argentino ante los organismos internacionales de derechos humanos”, indicaron desde la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos.
A través de un comunicado, la entidad que nuclea a magistrados entrerrianos expresó su “preocupación” por las modificaciones respecto la Ley Micaela (27.499) en el proyecto presentado por el poder ejecutivo nacional, conocido como Ley Ómnibus. El rechazo se genera a partir de que, en caso de ser aprobado, dejan sin efecto la obligatoriedad de la capacitación en Género para los y las integrantes de los tres poderes del Estado, en contradicción con las obligaciones asumidas por el Estado argentino ante los organismos internacionales de derechos humanos.
Al respecto, indicaron: “Las modificaciones pretendidas implican un retroceso en el camino hacia una sociedad más justa y equitativa para todas las personas”. Y agregaron: “La Ley Micaela constituye una conquista en la progresiva construcción de respuestas a los múltiples femicidios y violaciones a los derechos de las mujeres y otros colectivos discriminados por razones de género”.
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