Ante el inicio del tratamiento legislativo del proyecto de Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, desde la Fundación Barbechando expusieron luces y sombras sobre su contenido, pero también acerca de las formas a las que recurre el Poder Ejecutivo Nacional para impulsar las amplias reformas que se incluyen en la iniciativa.
“Queremos plantear propuestas de mejoras que contribuirán al desarrollo federal de la Argentina y advertir algunos riesgos que presenta el proyecto en consideración”, indicó la institución que trabaja en el seguimiento parlamentario de los temas de interés para el agro argentino.
En ese sentido, proponen una ampliación al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para incluir a las pequeñas y medianas empresas; advierten sobre la pérdida de institucionalidad que implica la delegación de facultades; alertan que los derechos de exportación son un impuesto que impacta negativamente en la producción nacional, sobre todo en las economías regionales; y solicitan “que se visibilice un Plan Económico claro, en donde se reflejen los ajustes fiscales, los esfuerzos tributarios temporales y los plazos estipulados para cada período”.
“Entendemos las medidas de urgencia que necesita nuestro país, pero necesitamos que el Congreso de la Nación cumpla su rol y legisle en miras del bien común, midiendo el impacto de las propuestas en estudio”, sostienen desde la institución. Y consideran fundamental el trabajo en comisiones y el intercambio entre los legisladores para lograr el texto “con el mayor acuerdo posible que otorgue previsibilidad a la producción”.

En contexto
El extenso análisis, que se desarrolla en 8 páginas, comienza planteando la relevancia del sector agroindustrial para el país. Las 33 cadenas que lo integran contribuyen al 23,5 % del PBI Nacional (1 de cada 4 pesos); generan 3,9 millones de empleos directos e indirectos (23% del empleo privado); aportan 7 de cada 10 dólares de exportación (67% de las exportaciones en 2022; exportan a 155 países, generando un superávit comercial superior a 48.000 millones de dólares; y aportan el 97% de los DEX (derechos de exportación) que recauda el Estado.
En particular, apuntan contra los impuestos nacionales que “se llevan la mayor tajada de la renta agrícola”. Sobre todo aquellos no coparticipables, como los DEX, que representan el 64,9% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina. Junto al impuesto a los créditos y débitos bancarios “son responsables de este saqueo del Estado Nacional”.
Luego del diagnóstico, el trabajo plantea propuestas. Tras considerar “urgente” la adopción de reformas estructurales -políticas, administrativas, económicas y sociales- que permitan encarar una “solución efectiva a la crisis actual y garantizar la estabilidad económica”, Barbechando declara: “Coincidimos plenamente con el espíritu del proyecto”.
Pero, con el foco puesto en las MiPyMES, responsables del 64% del empleo registrado del país, advierten que en la Ley Ómnibus el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) pone el foco sólo en las grandes inversiones. “Es momento de empezar también apoyar a las pequeñas y medianas empresas”, dicen, por lo que sugieren que el esquema de incentivos “puede ser aplicado en paralelo para el segmento de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES)”. Incluir particularmente a las MiPyMES agroindustriales “aportaría dinamismo a las inversiones y presencia federal/territorial”.

Foto: Gentileza

Impuestos y federalismo
En otro apartado, enfocado en el Alerta que enciende la delegación de facultades del Poder Legislativo la Ejecutivo, Barbechando plantea que se trata de un mecanismo recurrente que implica “la pérdida de institucionalidad de la Nación, en especial cuando esa delegación se utiliza para modificar impuestos que afectan el desarrollo federal y limitan la libertad productiva”. Si bien se comprende la necesidad de tomar decisiones urgentes, “es necesario trabajar el consenso de las leyes”.
Y, por último, la crítica a los DEX, “un impuesto que hace daño a las provincias” ya que “el producido de las provincias se diluye en la ineficacia estatal nacional”. Además, penalizan a la producción en zonas que debe asumir largos tramos de fletes, sacan de juego a un sinnúmero de economías regionales cuyos márgenes son bajos y con un cambio de las reglas tributarias quedan fuera de la cancha, no por falta de competitividad, sino por ahogo fiscal.
Frente a esa situación, Barbechando solicita: DEX cero a las Economías Regionales; plantear con claridad y transparencia la duración los esfuerzos tributarios extraordinarios aplicables al resto de producciones agropecuarias (cronograma de reducción de los DEX en el tiempo); enmarcar los esfuerzos tributarios en un Plan Económico Integral con metas y esfuerzos fiscales que deben realizar todos los sectores de la economía y por sobre todo el Estado Nacional; y solicitar al Poder Ejecutivo -a través del Congreso- que exponga el impacto real sobre los efectos de un aumento en DEX.
Entre las conclusiones, Barbechado también pide “que se visibilice un Plan Económico claro en donde se reflejen los ajustes fiscales, los esfuerzos tributarios temporales y los plazos estipulados para cada período”. Y compara: “si en el proyecto de ley se incluyó un cronograma de baja para el impuesto a los Bienes Personales, ¿por qué no plantear un esquema similar para los Derechos de Exportación?”.