El Concejo de Santa Fe aprobó tres mensajes enviados por el Ejecutivo y, con ello, la ciudad capital ingresa en tres estados de situación excepcional: en emergencia económica y social, en emergencia en movilidad (principalmente por la crisis del sistema de transporte público de pasajeros por colectivos) y en emergencia en seguridad pública, ya que se adhirió a la Ley Provincial N° 14.237, que versa en esta materia. A esto se suma que la capital ya está en emergencia hídrica desde diciembre.

En el primer caso, el plazo de la emergencia económica y social será por 12 meses, y el Ejecutivo podría prorrogar por única vez y por igual plazo la declaración "si subsistiesen las circunstancias fácticas que la motivan".

El sistema de transporte público por colectivos "está en una etapa terminal", dice el mensaje del intendente Juan Pablo Poletti.Foto: Luis Cetraro

Esta ordenanza faculta al Ejecutivo a tomar "medidas urgentes" para favorecer el acceso a la alimentación adecuada de los sectores vulnerables; fomentar la formación educativa, hábitos, habilidades y conocimientos prácticos relacionados con un oficio o actividad, de personas con dificultades para insertarse en el ámbito laboral".

Y con respecto al área económica, el Ejecutivo capitalino podrá ahora tomar todas las medidas necesarias "destinadas a apoyar al sector productivo de la ciudad". También, a suscribir los convenios que sean necesarios a fin de atender ambas emergencias, con el gobierno provincial y el Estado nacional.

Se introdujo una modificación: "El Ejecutivo Municipal deberá dar cuenta del ejercicio que hiciere de las facultades conferidas, enviando en forma trimestral al Concejo Municipal un informe detallado de lo actuado", es decir, de todas las medidas adoptadas.

Transporte

La declaración de emergencia en movilidad, que incluye no sólo al sistema de colectivos, sino también a los servicios de transporte públicos y privados -como taxis y remises y el Sistema de Bicicletas Públicas (SBP)-, regirá por el plazo de 360 días corridos.

“El sistema de transporte público por colectivos está en una etapa terminal, a partir de la decisión del gobierno nacional de retirar los subsidios al transporte o por lo menos congelarlos”, dice en sus fundamentos el mensaje del intendente Juan Pablo Poletti.

Pero hay varios cambios introducidos. Se suspendió la vigencia de los artículos 6, 8 y 11 de la Ordenanza N° 11.580 (la norma que regula el sistema de transporte público del pasajeros por colectivos), por el plazo de duración de la emergencia en movilidad.

En el primer caso, queda suspendido lo siguiente: "Cuando las ampliaciones o reducciones de los recorridos impliquen la alteración de más de un 20% de su trayecto, deberán ser aprobadas por el Concejo. Y cuando las modificaciones alteren el recorrido en menos de un 20 % de su trayecto, podrán ser dispuestas por el Ejecutivo, previo dictamen del órgano de Control, y comunicadas al Concejo".

En limpio: el Ejecutivo podrá ampliar o reducir recorridos de las líneas de colectivos urbanos sin autorización previa del Deliberativo local, y sin dictamen previo del Órgano de Control. Aquí, una inquietud: ¿Le cede el Concejo capitalino facultades que le son propias por ordenanza al gobierno municipal? Todo indica que sí.

El otro artículo que se suspende por 360 días es el que versa en lo siguiente: "El Ejecutivo debe dar cuenta del ejercicio que hiciere de las facultades conferidas (sobre el sistema de colectivos), enviando en forma trimestral al Concejo Municipal un informe detallado de lo actuado". Con ello, ya no será necesario que la administración de Poletti de rendir cuentas al Legislativo local.

Tercero, se suspende que "el promedio de antigüedad de la totalidad del parque automotor de cada prestataria de línea (de colectivo) no exceda los seis años, tomados al 31 de diciembre de cada año vencido". Es decir, podría haber unidades con una antigüedad mayor (más viejos) circulando.

Seguridad pública

Con votos negativos en un artículo del bloque PJ (Jorgelina Mudallel y Jorge Fernández), se aprobó la adhesión a una Ley provincial y la capital pasó a estar en emergencia en seguridad pública.

¿Qué implicaría la adhesión a esta ley?

Que el Ejecutivo capitalino pueda ejecutar las acciones que estime “a los efectos de la adquisición de bienes, contratación de servicios y realización de obras que resulten necesarias para ampliar las capacidades del municipio en materia de intervención primaria en seguridad y control urbano, prescindiendo del correspondiente llamado a licitación pública o procedimiento de selección de contratistas, y facultándolo a concertar las contrataciones directas”.