Lo dispuso este martes la Fiscal General de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, quien designó al fiscal de Venado Tuerto como interventor.
La Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, dispuso este martes la intervención de la sede rosarina de la institución judicial, para lo cual designó como interventor al actual titular del MPA de Venado Tuerto, Matías Merlo.
La medida de carácter “parcial”, no afecta a toda la Circunscripción Judicial Nº 2, sino que se concentra específicamente en la ciudad de Rosario, según consta en la resolución interna Nº 047, fechada este 19 de marzo.
La medida administrativa que empieza a regir hoy, se extenderá “por un plazo de 6 meses prorrogables” y plantea como “objetivos primarios: restaurar la cohesión interna institucional, reordenar los circuitos y procesos de trabajo de fiscales y empleados; unificar el registro de la información”, según consta en el artículo Nº 4 del resuelvo.
Acto seguido, en el artículo 5° señala que “el fiscal regional interventor deberá resolver prioritariamente los pedidos de apartamiento y reasignaciones que se encuentren pendientes respecto a investigaciones de gravedad institucional y asimismo deberá relevar el estado de aquellas investigaciones puestas en crisis en la resolución 290/24 del Auditor General de Gestión”.
Crisis y coyuntura
Por otra parte, en el punto 6° marca que la Dra. María Eugenia Iribarren -quien hasta el presente ejercía el cargo de Fiscal Regional de la Circunscripción Nº 2- “seguirá ejerciendo las funciones inherentes a su cargo en el resto de los distritos que forman parte de la circunscripción”. Es decir que Iribarren fue desplazada de Rosario, pero no de “Cañada de Gómez, Casilda, Villa Constitución y San Lorenzo debiendo informar a la fiscal general cuál de estos distritos fijará como sede para el ejercicio de sus funciones”, completa la directiva.
En una primera lectura del texto oficial se destacan dos ejes que aceleraron la decisión de Vranicich. El primero, centrado en la crisis interinstitucional que presentaba la Regional, que derivó en una auditoría interna a fines del año pasado; el segundo en tanto está relacionado a la coyuntura, “en el marco de una ciudad atravesada por hechos de violencia altamente lesivas”, lo cual “hace necesario la toma de acciones firmes”, señala la Fiscalía Regional.
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