Independientemente de portar o no el apellido, cuando a mi familia le tocó en suerte heredar la casa del campo donde Jean Joseph y Johana se afincaron con sus hijos al llegar de Suiza, consideré que ello estaba acompañado de la responsabilidad de mantener un patrimonio histórico que nos excedía a mi madre, mi hermana y a mí. Era de toda la familia extendida y un testimonio de la colonización del campo santafecino. Por ello, procuré mantener la explotación tambera para impedir que la casa se abandonara. Entre las actividades agropecuarias que se practican en la zona, el tambo es la única que obliga a habitar los campos.
Aunque el cierre de esta explotación, lamentablemente, responde ahora en gran medida a cuestiones familiares que pasarían por lo delictivo (estafa, administración infiel, vaciamiento de empresa) en manos de miembros de mi propia familia, es otro jalón en el despoblamiento de los campos santafecinos. Es un tambo que llegó a ser el segundo mayor proveedor de Milkaut, por lo que se supone que tenía cierto margen para una mala administración.
Cada vez hay menos habitantes en los lugares hacia donde se tendieron caminos, electrificación y escuelas rurales. Toda una infraestructura que se desperdicia.
En este contexto de despoblamiento rural no debe sorprendernos el aumento del abigeato, o el vandalismo sobre las cosechas. El natural control de quienes habitan la tierra, no podría ser reemplazado por otros medios. En tal sentido, medidas bien intencionadas, como la creación de nuevos destacamentos para la Guardia Rural los Pumas, resultan apenas paliativos para una situación que se complica cada vez más.
En muchos países, los habitantes de zonas rurales reciben subsidios para que permanezcan habitando los campos. En nuestro país, la actividad tambera, que produce más valor agregado y emplea hasta 9 veces más mano de obra que la ganadería o la agricultura, debe pagar múltiples impuestos.
Con la desaparición de la actividad, el Estado no sólo recaudaría menos, sino que estaría obligado a afrontar mayores costos, como la ya referida ampliación de las fuerzas de seguridad rural. Cuando una casa se desocupa, por las faltas de garantías sobre la propiedad privada en la aplicación de nuestro sistema jurídico, los dueños suelen tirarla abajo para evitar una ocupación ilegal con un largo y costoso juicio de desalojo.
Con estas políticas perdemos todos: el Estado, la EPE que debe mantener una infraestructura para cada vez menos clientes, las escuelas rurales que se quedan sin alumnos, los municipios que reciben menos contribuciones para mantener los caminos, agricultores y ganaderos que deben enfrentar más robos, etc. Sería ya tiempo de terminar con este círculo vicioso.
Desde hace décadas que sufro cada vez que veo desaparecer casas rurales que testimoniaban el progreso y bienestar que trajeron nuestros ancestros a la Argentina. Esta vez el dolor me toca en carne propia porque, este tambo con su casa, tenía para mí valor sentimental no sólo porque allí habitaron mis tatarabuelos con mi bisabuela al llegar de Suiza, o porque ahí nacieron mi abuelo y mi madre con todos sus hermanos, sino porque allí pasé algunos de mis días más felices, trabajando junto a mi padre.
Por Luis Eduardo Susmann
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