A principios de abril, la gestión del intendente de concordia, Francisco Azcué, a través del Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal, presentó para los ciudadanos un Plan Integral de Gestión (PIG) para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El antropólogo Danilo Rossi, asesor del Instituto, explicó los ejes del programa junto con la arquitecta Alejandra Bruno, que preside el organismo.

Según el informe que dieron a conocer, el Registro Nacional de Barrios Populares identifica la existencia de 59 barrios populares en Concordia. En el diagnóstico concluyen que “no son solamente las restricciones económicas circunstancias que limitan el derecho a la vivienda, sino también la falta de articulación de políticas públicas efectivas, la inseguridad en términos jurídicos de los grupos familiares o la falta de proyección y regulación de la ocupación del suelo en las ciudades” y en eso quieren trabajar.

LOS EJES

El plan que lleva adelante la municipalidad está basado en cuatro ejes: Desarrollo Urbano; Autogestión; Relocalización y Regularización Dominial. Los objetivos son reurbanizar e integrar barrios preexistentes; ordenar y formalizar el acceso al suelo urbano y garantizar el acceso a soluciones habitacionales definitivas.

El objetivo del desarrollo urbano es viabilizar el acceso al suelo urbano para los sectores medios de la ciudad. Los proyectos asociados al programa en cuestión referirán sobre lotes sin ocupación, a disponer por parte del Instituto mediante distintos mecanismos administrativos. En tanto, en la autogestión el objetivo es reurbanizar e integrar barrios populares consolidados y con arraigo socio habitacional, es decir con asiento de al menos 8 /10 años en la trama urbana formal. El foco del abordaje será sobre viviendas precarias, que carezcan o encuentren deterioro en alguno de los siguientes componentes: núcleos húmedos, accesos, fachadas, ventilación, etc. Quedando exceptuadas de intervención aquellas que presenten una situación de irrecuperabilidad.

Con la relocalización, por su parte, esperan resolver el acceso a la ciudad de familias dispuestas en espacios con riesgos edilicios, ambientales e imposibles de formalizar. Se buscará relocalizar situaciones informales, sujetas a problemáticas presentes en zonas inundables, próximas a vías ferroviarias, afluentes de arroyos, etc.

“Para su realización el proyecto deberá contemplar un banco de tierras y sus correspondientes proyectos de mensura, la provisión de servicios públicos y la construcción de unidades funcionales nuevas en los polígonos delimitados para tal fin. Sobre los espacios relocalizados, se deberá prever un plan de ocupación y aprovechamiento que surja del interés común de la sociedad”, explicaron.

Por último, en cuanto a la regularización dominial aseguraron que la seguridad jurídica en la tenencia de un inmueble “es uno de los componentes indispensables del derecho a la vivienda y al hábitat”. El objetivo del programa es viabilizar, frente a la demanda de la comunidad, canales administrativos ágiles y claros que favorezcan a la regularización dominial del suelo urbano de la ciudad.

Sobre cada uno de los programas que conforman el PIG, se contempla “la coordinación efectiva con áreas a nivel municipal, provincial y nacional”.

MIRAR AL INDIVIDUO

El antropólogo Máximo Badaró, concordiense radicado en Buenos Aires, visitó la ciudad y brindó una capacitación acerca de las herramientas que la antropología social puede dar a la política pública.

“Un aporte clave es que la antropología trata de recabar el punto de vista de la gente sobre algo. Por ejemplo, el qué quiere decir habitar para ellos, cómo se mueven en la ciudad, cómo conciben un barrio, una casa. Eso brinda herramientas e insumos para diseñar una política pública que esté conectada con lo que quiere y necesita la gente. Muchas veces diseñan estas políticas considerando lo que suponen que es bueno para un grupo sin considerar las necesidades y características, pero la antropología pone a la gente en el centro con sus necesidades y características”, dijo a Mirador Entre Ríos.

PRECARIEDAD

Según el informe que dieron a conocer, el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), identifica la existencia de 59 barrios populares en Concordia, compuestos por 6.911 familias que habitan 7.607 unidades funcionales. En esas zonas hay inexistencia o precariedad en las conexiones de servicios públicos, un 77,9% de las personas tiene conexión irregular de energía eléctrica, el mismo porcentaje posee una conexión irregular de red de agua.

Además, un 55,9% tienen desagües a pozos ciegos. También revelaron que ningún barrio popular cuenta con títulos de propiedad y falta integración económica y social.

Es así que, con la premisa de conocer la sociedad y sus necesidades para brindar respuestas habitacionales, Concordia busca reducir, al menos un poco, el déficit que existe para las familias cuando de vivienda se habla.