Desde este lunes 6 de mayo, el distrito Rosario cuenta con un nuevo sistema acusatorio en la Justicia Federal. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participaron de una reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), y luego, ambos dieron detalles de la implementación del actualizado Código de Procedimiento Penal.

Cúneo Libarona destacó que el nuevo sistema regirá para “todo el distrito judicial de Rosario, que abarca toda la provincia de Santa Fe, y que consideramos que desde los roles, los protagonistas, supera un viejo código que ya estaba absolutamente en decadencia”.

Y agregó: “Con la ministra Bullrich, somos la pata de una misma mesa, y estamos muy aliados en tratar de brindar el mejor servicio a la comunidad. Este código brinda oralidad, inmediación, celeridad, principio de oportunidad, alternativas a la resolución de conflictos, juicios orales rápidos, eficaces, tiempos más limitados, sin duda va a brindar lo que pretendemos, que es una mejor Argentina”.

“Es la decisión del presidente Milei, del Gabinete y sus asesores: cambiar en todas las áreas el país, tener un país como el que nos merecemos, y en nuestro marco: seguridad y justicia”, sostuvo el ministro.

Cabe remarcar que, con estas modificaciones, se cambian los roles de los actores del proceso, que será desformalizado, esencialmente oral y netamente contradictorio. La dirección de las investigaciones penales recaerá exclusivamente en las y los fiscales del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Luego destacó que se dotó de tecnología de última generación para el distrito y que se ha comprado un aparato muy importante para la seguridad, en materia de investigaciones telefónicas.

Además, anunció que se brindará “mucha capacitación” y en ese sentido, adelantó que vendrán a dar cursos “especialistas del Reino Unido, de la Corte Internacional de La Haya y fiscales penales”.

“Nuestro deber como Poder Ejecutivo en materia de Justicia es darle las herramientas legales, código procesal, código penal y tecnológicas, internet, conectividad e infraestructura edilicia para poder dar un mejor servicio de justicia. Lo mismo en materia de vacantes, hay muchas vacantes, estamos acelerando al máximo dentro de nuestro ámbito de posibilidades para que se completen esas vacantes y que los juzgados, las fiscalías y las defensorías cuenten con los planteles más completos posible para este enorme desafío que implica un código mucho mejor y superador para, desde el principio, brindar un mejor servicio a la sociedad”, remarcó.

NUEVA DINÁMICA

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, resaltó que “este nuevo sistema que nos va a traer una investigación más rápida y que tiene dos partes. La primera son las causas que están abiertas y que va a haber un equipo de jueces que las va a tener que cerrar lo antes posible. Es el stock de causas que están sin resolver”.

“Y lo segundo es la dinámica de las causas nuevas que se van abriendo que la expectativa es que, como en Salta, estas causas tengan un tiempo de duración rápido, expeditivo, acompañado por dos, voy a nombrar solo dos, leyes que hemos presentado en el Congreso. La ley contra las organizaciones criminales que toma a la organización como un todo y todos los miembros de la organización, el lavador de dinero, el contador que les hace las cuentas o el delivery, todos tienen la máxima pena del miembro de la organización, cuya pena es la más grande de la organización. Y esto va a ser un detonante muy fuerte para la desestructuración de las organizaciones. Y la segunda es el cambio del concepto de reincidencia, que va a seguir existiendo, por supuesto, por el de reiterancia. El que reitera el delito inmediatamente comienza a tener su proceso judicial. No se espera a la condena porque si no, sigue y sigue y sigue delinquiendo y eso genera una enorme sensación de impunidad en la sociedad”, comentó la ministra.

Y agregó: “Inteligencia criminal, saturación de fuerzas federales y provinciales e investigación conjuntamente con la Justicia son las tres patas del programa contra la narcocriminalidad que estamos llevando adelante en la ciudad de Rosario”.

Con la implementación de este actualizado Código Procesal Penal Federal (CPPF), el distrito Rosario se suma al distrito Salta (que incluye a las provincias de Salta y Jujuy), donde este sistema se aplica desde junio de 2019.

NOVEDADES

El régimen procesal acusatorio reemplazará, en el distrito Rosario, al denominado “sistema mixto” (regido por el actual Código Procesal Penal de la Nación), según el cual los jueces federales alternan su rol de garantizar el respeto del debido proceso penal y juzgar sobre la situación procesal y responsabilidad del imputado, con funciones investigativas propias de quien promueve el ejercicio de la acción penal. Ese sistema es el que rige actualmente a nivel federal en la mayor parte del país y, también, para los casos que tramitan ante la justicia nacional.

El nuevo Código Procesal Penal de la Nación establece un sistema adversarial, en el que tanto la fiscalía como la defensa esgrimen sus argumentos y elementos de convicción, y los/as jueces/juezas controlan y deciden, sin involucrarse en la teoría del caso esbozada por las partes. Exige una rígida separación de funciones.

En este marco, los y las fiscales promueven la acción penal y dirigen de manera exclusiva la investigación penal contra los presuntos autores y partícipes de un hecho delictivo. Luego, ese/esa mismo/a fiscal –otra novedad– deberá eventualmente sostener y acreditar su acusación en un juicio oral y público. Los jueces/as, en tanto, garantizan que se cumpla la ley durante el proceso, además de controlar las garantías constitucionales.

Todo el proceso tramita esencialmente con audiencias orales y públicas –donde se concentra la mayor actividad procesal posible– y sin un expediente. El Ministerio Público Fiscal forma un legajo de investigación al que no pueden acceder los/as jueces/zas. Se trata de una herramienta digital y desformalizada en la que el órgano acusador público registra la actividad investigativa desarrollada bajo los principios de lealtad procesal y objetividad, junto con el resultado de las medidas practicadas.

Esta es otra gran diferencia con el sistema mixto, en el que la etapa de instrucción tramita exclusivamente por escrito y sus constancias son incorporadas a un expediente de libre acceso para el órgano judicial.

En el marco del CPPF, quien juzga durante la investigación preparatoria de un caso es el juez o la jueza federal de garantías que interviene en un caso exclusivamente cuando las partes promueven alguna actividad o planteos que requieren la intervención de la autoridad judicial, y conocen el caso a partir de la información que proporcionan las partes. Por su parte, los jueces/zas con funciones de revisión resuelven las impugnaciones durante esa etapa y realizan las audiencias de la etapa intermedia (audiencias de control de acusación).