Desde hace años, en la Cámara de Senadores de Santa Fe existe la práctica legislativa de acortar los debates cuando se trata de asuntos ya votados favorablemente y por unanimidad. Así, van solo a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación general todos los nuevos proyectos sobre viejos asuntos, que ya han logrado alguna vez media sanción del cuerpo que representa a los 19 departamentos. La idea es que si hubo consenso en otra oportunidad y no hay objeciones, se acorta el paso de los expedientes por las comisiones: van solo al filtro final de la nombrada y se evitan otras.

Es lo que ha sucedido con un proyecto de ley de Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) que impulsa la creación de una Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales, en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación. En otras palabras, que los fiscales que tienen a su cargo la persecución penal de los delitos cuenten con un área con dedicación exclusiva a ese tipo de problemática, ajena a la violencia y los atropellos a la propiedad privada del ámbito urbano.
La iniciativa del legislador que lidera el bloque del justicialismo logró, además del trámite abreviado en comisiones, una preferencia para dentro de dos sesiones, lo que permite suponer que en poco tiempo habrá media sanción. El tema es asegurar que no se repita la historia de 2020, 2021, 2022 y 2023 cuando por distintos motivos la cuestión naufragó en la otra cámara por indiferencia, o demasiado interés.

El caso más notorio sucedió hace dos años: para entonces una vez más el Senado aprobó su proyecto y al llegar a Diputados se lo ató a la suerte de otro del por entonces diputado Oscar Martínez, cuyo texto era muy parecido al de Pirola. Todo hacía suponer que serían unificados, despachados y aprobados por fin en la Cámara baja a mediados de 2022, pero no fue así y los dos proyectos cayeron por el paso del tiempo. Ahora el Senado, en la primera sesión del año legislativo, puso con el consenso de todos los bloques a la iniciativa entre las prioridades de su agenda.

Estadística y gesto
El último informe anual del Ministerio Público de la Acusación indica que en todo el territorio santafesino hubo 11.400 delitos bajo la calificación legal de abigeato en las investigaciones de los fiscales. Hoy, por el precio de la carne y por el creciente mercado no registrado en su comercio, seguramente deja chica esa cifra.

Al mismo tiempo, el robo de cargamentos de granos en camiones o de esas materias primas estoqueadas en silos y silo bolsas, se ha convertido en un fenómeno en aumento. Tanto, que entre las primeras medidas de la actual gestión de la Casa Gris se encuentra la creación de una Mesa de Seguridad Rural, formada por funcionarios y representantes de las entidades productivas.
Se oficializó a comienzos de abril, en un encuentro encabezado por los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni con dirigentes de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) y la Federación Agraria.

Puccini precisó que "en esta primera reunión escuchamos las demandas que la seguridad rural tiene en todo el territorio de la provincia. Hicimos un diagnóstico de los departamentos y los delitos que se han cometido, sean de hurto, robos o abigeato".
"Lo más importante -continuó-, fue que establecimos un protocolo de trabajo para comenzar a hacerlo en conjunto con las mesas de cada uno de los departamentos y conformar equipos que aborden el delito. Además, buscamos trabajar en conjunto con los fiscales del Ministerio Público de la Acusación y con los presidentes comunales e intendentes para reforzar y ayudar con los controles sanitarios".

Fundamentos
En el proyecto, Pirola señala que el delito rural no tiene las mismas características que el delito urbano, especialmente por la clara diferencia del terreno en que opera, que por dimensión y extensión se hace difícilmente controlable.

Es una realidad que los delitos rurales han recrudecido en el país y en nuestra provincia y que cada vez adquieren connotaciones más peligrosas, sobre todo para los habitantes de zonas rurales, por la violencia y la fuerza empleadas o uso de armas en su comisión.
Por otra parte, resulta claramente comprensible la importancia económica que significa el sector agropecuario en el PBI de la provincia y los daños y perjuicios que se derivan de la comisión de los delitos rurales, que no sólo impactan en la economía del sector y de la provincia, sino también en cuestiones de salud pública por el faenamiento y la comercialización ilegal de carne en el caso del abigeato, así como el desaliento de la continuidad productiva o el desarraigo de la población rural ante la creciente inseguridad en que viven.

Es una realidad que los delitos rurales han recrudecido en el país y en nuestra provincia y que cada vez adquieren connotaciones más peligrosas, sobre todo para los habitantes de zonas rurales, por la violencia y la fuerza empleadas o uso de armas en su comisión.