Los imputados del delito de Homicidio calificado son Cristian Gabriel Hernández, que es asistido por los defensores públicos Rodrigo Juárez y Fernando Callejo; y de Ariana Gisele González, que es representada por las defensoras públicas Antonella Manfredi y Mariana Montefiori.

Las defensas llegarán a la audiencia de debate defendiendo intereses contrapuestos. En la audiencia de este miércoles se pudo observar cómo las defensas tomaron caminos diferentes. Los fiscales, Evangelina Santan y Mariano Budasoff, tomaron posturas propias ante los distintos planteos que se formularon.

Así, plantearon su rechazo al pedido de prórroga de la jurisdicción para que el fututo juicio ante un jurado popular se realice fuera de Paraná planteado por la defensa del varón. La defensa argumentó un supuesto estado de conmoción en la opinión pública de la capital provincial, que se informó de los pormenores del caso a través de los medios. En este punto la defensa de la mujer no se opuso, señalando que no era un pedido de su interés.

Los fiscales también se opusieron al pedido de la defensa de la mujer para que se realice una ampliación de la capacitación en perspectiva de género que reciben los jurados populares a través de un video de 20 minutos que versa sobre la Ley Micaela, de los cuales solo tres abordan la violencia de género. Así, solicitaron que se agreguen no más de cinco minutos para ampliar sobre los distintos tipos de violencia, especialmente sobre la violencia vicaria, una forma de violencia de género por la cual los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género son instrumentalizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus madres.

La defensa de la madre de la víctima entiende que su asistida era víctima de violencia de género y atravesaba un estado de salud mental precario. En este sentido solicitaron que se le realicen estudios para determinar su salud mental y si está en condiciones de estar en el debate. Incorporaron los estudios que le realizaron especialistas en aquellas ciencias pertenecientes al Poder Judicial y particulares, y solicitaron que forenses de Tribunales aborden a su asistida para determinar si será necesario prepararla para aquella futura instancia sin que se desestabilice, generando un riesgo para sí o para terceros y la suspensión de la audiencia.

Las defensoras resaltaron que no se buscaba prorrogar el debate, resaltando que su asistida quiere saber qué sucedió con su hija. Fiscalía no se opuso y solicitó que los estudios los realicen profesionales de los Equipos Técnicos del Poder Judicial y añadieron que en cinco días se informe si la imputada está en condiciones de estar en el debate y ejercer una defensa material efectiva.