El juez Gervasio Labriola dio a conocer su decisión de homologar el acuerdo de juicio abreviado que las partes le presentaron. Así, resolvió homologar el acta acuerdo y condenó al acusado de 30 años por 22 estafas con planes para acceder a una moto. Le impuso la pena de tres años de prisión y el pago de una suma a cada víctima que en total supera los siete millones de pesos.

Labriola declaró que “Jonathan Alexander Ramos, es autor material y responsable del delito de Estafas reiteradas, en carácter de autor individual” y le impuso la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, más el cumplimiento de normas de conducta, durante el plazo de dos años”.

Entre las normas de conducta se encuentra “… el pago de las sumas dinerarias a favor de las personas damnificadas, que ascienden a un monto total de 7.170.000 pesos; debiendo acreditar el cumplimiento de dichas medidas ante la Oficina de Medios Alternativos”. Labriola entendió que, más allá del reconocimiento de los hechos imputados que exige el instituto de juicio abreviado para su procedencia, “del detenido examen y análisis de estas denuncias surge el mismo modus operandi por parte del imputado, quien aprovechando su cargo de encargado de la concesionaria de motocicletas y el conocimiento del manejo de operaciones de venta de motovehículos, le colocó el alias de la empresa a sus cuentas particulares (bancarias, virtuales y físicas) para de ese modo engañar a las víctimas”.

Entendió que “como producto de tales maniobras, los clientes damnificados pensaron que ese dinero ingresaba a las arcas de la empresa y por ende sería destinado a la adquisición de una motocicleta, sin embargo, ello nunca sucedió, pues el dinero de las víctimas fue destinado a las cuentas propias de Ramos, quien lo utilizó en su propio provecho”.

También consideró que “además, las pruebas reunidas dan cuenta de que en forma paralela se verificó que en algunas oportunidades las víctimas no le hicieron transferencias a Ramos, sino que le entregaron dinero en efectivo con igual suerte, ya que nunca lo ingresó en el patrimonio de la empresa, sino que se lo apropió e inclusive en algunos casos fue a cobrar personalmente al domicilio de las víctimas”. El juez manifestó que “la gran cantidad de recibos aportados por los damnificados prueban este extremo”.