En la audiencia en la que se discutió la prisión preventiva de Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, condenados en sentencia que aún no está firme en la denominada Mega Causa en la que se investigaron cinco hechos de corrupción, Urribarri rechazó los argumentos de Fiscalía para pedir su alojamiento preventivo en la cárcel al expresar: “Jamás se me ocurriría profugarme, porque tengo una esposa de hace 42 años, cinco hijos hermosos y ocho nietos hermosos. A pesar de ese ensañamiento, hostigamiento e intento de estigmatización en estos larguísimos ocho años y pico, a pesar de eso, esa esposa, los cinco hijos y ocho nietos aún siguen sintiéndose orgullosos de su esposo, su padre y abuelo. Jamás, en el peor de mis pensamientos los defraudaría cuando creo que, bajo todo punto de vista, soy inocente”.

También sostuvo que “todos esos argumentos y otros tantos que puedan inventar, no justifican para nada que den un paso más en ensuciar mi nombre, apellido, trayectoria, transmitiéndole a parte de la sociedad que ustedes quieren prisión preventiva porque yo puedo llegar a profugarme”.

Urribarri consideró “una barbaridad este hostigamiento de casi ocho años y medio, se los digo con el mayor dolor en el alma, desde las tripas, que hemos venido padeciendo y sufriendo las consecuencias de esto que ustedes y otros actores, medios de comunicación y demás, han querido instalar en esta ciudad que amo y transformé de la mano de muchos funcionarios, amigos y demás, la transformamos como nunca antes”.

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por Carolina Castagno, Julián Vergara y Elvio Garzón, adelantó este jueves 29 de agosto que el próximo jueves 5 de septiembre dará a conocer su resolución respecto de los pedidos que Fiscalía y Defensas realizaron respecto de la situación procesal del exgobernador en dos mandatos, Sergio Urribarri; su cuñado y armador político, Juan Pablo Aguilera; y el exministro de Comunicación y Cultura y exdirector de Información Pública de la provincia, Pedro Báez.

En la alongada audiencia se discutió el pedido que los fiscales, Patricia Yedro, Ignacio Aramberry; Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, realizaron el 18 de marzo de 2024, cuando se conoció la resolución de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que el 17 de abril de 2024 denegó a las defensas el recurso de Impugnación Extraordinario ante el Alto Cuerpo, agotando las vías recursivas en la provincia. Las defensas recurrieron la decisión con un Recurso Federal Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que aún está pendiente de resolución. Esta situación es entendida por las defensas como un elemento para sostener que aún quedan instancias recursivas por agotar.

Respecto de Báez, los fiscales entendieron que como no recurrió el fallo de la Sala Penal y no fundó el recurso de queja, la sentencia respecto de su situación quedó firme. Así, solicitaron su traslado y alojamiento en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná. También señalaron que el ex ministro formuló un pedido de prisión domiciliaria por cuestiones de salud que no se podrían abordar en la cárcel, pero entendieron que se deberá plantear ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

En relación a Urribarri y Aguilera, los acusadores sostuvieron el pedido en el riesgo procesal de peligro de fuga ante una sentencia con penas de cumplimiento efectivo que ya tuvo dos instancias de confirmación en la provincia. Lo fundaron en los roles que ambos desempeñaron en las causas, en las relaciones que se derivaron de aquellos roles, en su situación económica, en las relaciones con personas del exterior y en que ambos están siendo investigados en otras causas: Urribarri en dos por Negociaciones Incompatibles y Peculado y Enriquecimiento ilícito; y Aguilera, en la denominada Causa Contratos. Así, añadieron que podrían recibir ayuda para eludir el accionar de la Justicia. “No son ciudadanos comunes, están en una situación distinta a la de cualquier ciudadano”, señalaron.

La defensa de Urribarri, a cargo de Leopoldo Capa, Fernando Burlando y Diego Baños, rechazó los fundamentos de los fiscales para fundar el pedido de prisión preventiva. Destacaron que Urribarri no desarrolló ninguna conducta que pudiese aventurar que pretende evadir el accionar de la Justicia, sino todo lo contrario. Así, recordaron que apenas se conoció la sentencia, renunció a su cargo como embajador de Israel y regresó al país a ponerse a disposición del Tribunal.

Por su parte, Baños sostuvo que “hasta que la sentencia no quede firme Urribarri, es jurídicamente inocente” y cuestionó que los fiscales le reprocharan a Urribarri realizar las medidas que las normas le proveen para su defensa. Sostuvo que decir que se trató de acciones para dilatar la realización del debate y de la ejecución de la pena, entre otras instancias procesales, es desconocer que fueron resoluciones que fueron tratadas por distintos jueces y juezas que emitieron sus pronunciamientos.

Miguel Cullen, por la defensa de Aguilera, señaló que no existe posibilidad de que su asistido se profugue. Recordó que Aguilera ya estuvo con prisión preventiva, se la morigeraron y volvió a cumplir otra, siempre ajustado a Derecho a pesar de los reveses y “nunca se fugó”. También sostuvo que Aguilera está predispuesto a cumplir cualquier medida alternativa que el Tribunal disponga, y ofreció entregar su pasaporte. Cullen sostuvo que en esta instancia “juega el Derecho Constitucional, el principio de inocencia, debido proceso, interpretación de fallos de la CSJN, pro homine e in dubio pro reo”.

A su turno, Ignacio Díaz, por Báez, sostuvo que la sentencia aún no está firme, recordó que todavía no hubo pronunciamiento del STJ respecto de la concesión del Recurso Extraordinario Federal, sostuvo que Báez no tiene causas abiertas y que es imposible acreditar que se podría fugar. También pidió, en caso que se decida que la sentencia está firme, que se dicte una prórroga de 60 días para analizar el estado de salud de su defendido y si en la unidad penal de destino podría ser abordado de sus problemas de salud.