Matías Santa María, de 37 años, alias Gordito y Tío Rico, cumplirá a partir de este viernes 18 de octubre 120 días de prisión preventiva en la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo de control electrónico por dispositivo de tobillera electrónica en su casa y con su esposa como garante de la medida morigerada.

Así lo dispuso el juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, que subrogó a la jueza Paola Firpo, al hacer lugar al acuerdo que le presentó el fiscal, Santiago Alfieri, que fue quien solicitó la audiencia, con el consentimiento de los querellantes, Claudio Berón, que representa a alrededor de 15 supuestas víctimas; Andrés Bacigalupo y Franco Azziani Cánepa, que asisten a un presunto damnificado; y la defensa de Santa María, a cargo de Pedro Fontanetto.

Vergara hizo lugar al acuerdo tras pedirle al fiscal precisiones sobre las evidencias con las que cuenta Fiscalía y querella para entender como probable la participación de Santa María en el hecho que se investiga. Así, tras considerar que el fiscal fundó su hipótesis con el grado de probabilidad que la etapa requiere hizo lugar al pedido, no sin antes manifestar que no estaba de acuerdo con la solicitud del fiscal.

El juez consultó al fiscal sobre las circunstancias que motivaron que se dictara, el miércoles 16, la rebeldía de Santa María y su orden de captura. El juez insistió en saber cuántos días antes de aquella fecha el acusado de los delitos de Asociación ilícita y Estafas en concurso real como coautor junto a Andrés Gamarci y Cristian Vital, estuvo sustraído de la jurisdicción Paraná. El fiscal precisó que se fue de la jurisdicción el 2 de octubre, añadió que el 15 intentó contactarlo por mensaje al celular de Santa María que estaba activo, pero no tuvo respuesta. El 16 Firpo dictó la rebeldía y la orden de captura.

ACUSACIÓN

Santa María, el contador Gamarci y Vital están sospechados de “si a nombre de Gamarci y de Santa María, así como empleando las firmas SAN MAR y JIFA SAS, mantuvieron cuanto menos desde hace cinco años una estructura financiera, en la que recibían fondos de distintas personas otorgando intereses por sobre la cuota de mercado (2.5% mensual en dólares), con el reintegro del capital una vez vencido el contrato de mutuo suscribiendo en algunos casos pagaré; logrando con promesas de intereses más altos, conservar la masa de capital sin que los inversores lo retiren; continuando con estas maniobras de convicción y engañando a los aportantes, con apariencia de solvencia, se apropiaron de los fondos y cortaron las liquidaciones de intereses desde el mes de julio de 2024, a partir de ese momento comenzaron a eludir pagos y a evitar atender a los clientes, anteponiendo a empleados y a un abogado que daba explicaciones de reestructuración de la empresa, impidiendo la percepción de intereses y negando el retiro del capital, generando un perjuicio por más de cientos de miles de dólares a los damnificados”.

POSICIÓN

Vergara aclaró que manifestaba su posición personal, sin perjuicio de que señaló que iba a hacer lugar al acuerdo puesto que de no hacerlo violaría las normas, al expresar que “si hoy fuera fiscal hubiera pedido una medida más gravosa, por la estructura de este delito, es mi postura”, añadiendo que no solo está vigente el peligro de fuga, como el más evidente, sino también el de entorpecimiento de la investigación.

Fontanetto precisó que desde el Servicio Penitenciario le informaron que el martes 22 habrá una tobillera disponible, por lo que el juez entendió que mientras no haya disponibilidad del artefacto de control Santa María debía permanecer alojado en Alcaidía de Tribunales hasta que le coloquen el dispositivo, momento en que la prisión preventiva se sustituirá por el arresto domiciliario. Vergara añadió que si por cuestiones que no se pueden prever el dispositivo demora más del tiempo previsto, Santa María cumplirá la medida en la Unidad Penal Nº 1 hasta que se disponga de una tobillera.

Alrededor de las 13 de este viernes, Berón arribó a Tribunales con un grupo de entre 12 y 14 personas que sostienen que fueron perjudicadas por la financiera que encabezaba Santa María. En declaraciones a APF Digital sostuvo: “Nos presentamos formalmente como querellantes, son entre 12 y 14 personas, vinieron a Tribunales a rubricar el poder para que pueda ejercer y representarlos en esta causa”.

Respecto de la entrega voluntaria de Santa María, este viernes 18 de octubre en las primeras horas de la mañana, Berón precisó que en sus asistidos la noticia “cayó de forma positiva sinceramente, porque ya pudo ser hallado y ver si esta persona puede empezar a responder”. Finalizó expresando que “sin dudas estamos ante una estafa reiterada, eso sí está más que probado con toda la prueba que hay en la causa, documental, testimonial, sin dudas que eso está más que probado”. A la misma hora, Bacigalupo y Azziani Cánepa también llegaban a tribunales con el mismo propósito.