El fiscal Santiago Alfieri pidió la apertura de una nueva causa, a partir del informe del subjefe de División Delitos Económicos de la Dirección Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, en el marco de la causa denominada “Mesa de dinero”.
Precisó que el hecho a investigar es “si Maximiliano Wagner y Gustavo Bupo, a sabiendas de la existencia de pedido de secuestro de los vehículos Toyota, Land Cruisser Prado; y Audi A5 3.2 Quatro Pro Cupé; requeridos en el marco del caso en que se investigan defraudaciones por parte de Andrés y Julio Gamarci y Matías Santa María, realizaron maniobras de ocultamiento de los automóviles, labraron –o hicieron labrar– documentación apócrifa insertando datos y firma de Ramón Taglialegne, para ocultar bienes producto del ilícito principal”.
Para la acusación, las conductas referidas encuadran en el delito de Encubrimiento, en los términos del artículo 277 del Código Penal y les son atribuidas en carácter de autor. Así, se dispuso convocar a Wagner y a Bupo a designar profesional para su defensa técnica y mantener una entrevista con Enrique Ramón Taglialegne.
LA CAUSA CENTRAL
En la causa Mesa de dinero, Fiscalía trata de determinar si “Andrés Gamarci, Matías Leonel Santa María y Cristian Vital, a nombre de Gamarci y de Santa María, así como empleando las firmas San Mar SAS y Jifa SAS, mantuvieron cuanto menos desde hace cinco años una estructura financiera, en la que recibían fondos de distintas personas otorgando intereses por sobre la cuota de mercado –2.5% mensual en dólares–, con el reintegro del capital una vez vencido el contrato de mutuo suscribiendo en algunos casos pagaré; logrando con promesas de intereses más altos, conservar la masa de capital sin que los inversores lo retiren; continuando con estas maniobras de convicción y engañando a los aportantes, con apariencia de solvencia, se apropiaron de los fondos y cortaron las liquidaciones de intereses desde el mes de julio de 2024, a partir de ese momento comenzaron a eludir pagos y a evitar atender a los clientes, anteponiendo a empleados y a un abogado que daba explicaciones de reestructuración de la empresa, impidiendo la percepción de intereses y negando el retiro del capital, generando un perjuicio por más de cientos de miles de dólares a los damnificados”.