Se trata de una cuenta en el Banco Nación de la firma JIFA SA SAS, propiedad de Andrés Ferreyra, que por el momento no está imputado en la causa que investiga la presunta estafa en una Financiera o una Mesa de Dinero. Lo dispuso la jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo.
La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Paola Firpo, resolvió este jueves hacer lugar al acuerdo al que arribaron el fiscal, Santiago Alfieri, y José Velázquez, -que representa a Andrés Ferreyra, titular de la firma JIFA SA SAS-, con el acompañamiento de algunas de las numerosas querellas -según se conoció en la audiencia son alrededor de 20- y dispuso el embargo preventivo de todas las cuentas relacionadas con el CUIT de aquella firma en el Banco Nación, por la suma de 76.929.962 pesos. Lo dispuso por el plazo de 90 días, habida cuenta que en días comienza la feria judicial estival.
Además, a pedido de la defensa de los hermanos Andrés y Julio Gamarci, que son asistidos por el abogado Emilio Fouces, dispuso el levantamiento de los embargos que se trabó sobre las cuentas de aquellos. La medida encontró fundamentos en que Fiscalía advirtió que aquellas herramientas financieras no registraron movimientos relacionados con la investigación desde que esta comenzó a sustanciarse el 5 de octubre de 2024.
También, dispuso que una vez que se haga efectivo el embargo dispuesto por la suma de 76.929.962 pesos y se notifique del mismo a las partes, cese el embargo del auto Mercedes Benz B34AMG GTS Coupe modelo 2016, del que Velázquez indicó que está valuado en alrededor 400.000 dólares, y el desbloqueo de las cuentas de JIFA SA SAS, que el letrado interesó porque afectan el funcionamiento de la firma que tiene como único socio a Ferreyra y se dedica a la venta de materiales para la construcción.
Alfieri argumentó que era necesario determinar con certeza el intrincado entramado de relaciones entre cuentas bancarias de distintas instituciones bancarias hasta determinar si hubo más trasferencias entre las empresas. En este sentido entendió que se podía proceder al levantamiento de las cuentas bancarias de los hermanos Gamarci porque no registraron movimientos a partir del inicio de la investigación, que comenzó a sustanciarse el 5 de octubre de 2024.
Fouces aceptó la propuesta de Fiscalía respecto de las cuentas bancarias -en una audiencia anterior había solicitado el levantamiento del embargo de la cuenta sueldo en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) donde Andrés Gamarci da clases-, pero dejó sentada su oposición al relato de los hechos que describió Alfieri con más información y datos nuevos.
Por su parte, Velázquez aclaró el complejo relato del fiscal al precisar que JIFA SA SAS tiene tres cuentas -Banco Galicia, BBVU y Nación- y en cada una los productos financieros de cada institución. Recordó que en una audiencia anterior ofrecieron en garantía un auto de colección valuado en alrededor 400.000 dólares para que se dispusiera el levantamiento del embargo sobre sus cuentas para poder seguir operando como corralón. Así, solicitó la devolución del auto y el levantamiento del bloqueo de las cuentas, no así el embargo. Respecto del rodado, explicó que es utilizado para gestionar créditos en el contexto del funcionamiento de la empresa.
En la audiencia estuvieron presentes cuatro letrados querellantes, de los cuales dos son nuevos. En este sentido, la jueza los conminó a la unificación de las querellas en una o dos. Precisó que las normas así lo disponen y recordó la decisión que adoptó en el contexto de la causa Ilarraz, que presentó la misma situación de numerosas querellas agraviadas por el mismo hecho. Firpo les dio un plazo de una semana para que lo hagan y les señaló que si no lo hacían a partir de acuerdos entre los denunciantes y sus representantes, lo haría ella de oficio, como lo ordenan las normas. En este sentido dejó claro que esta era la última audiencia que se realiza con todas las querellas individuales.
La Fiscalía precisó que se tomaron entrevistas con 45 testigos denunciantes que permiten conocer con más precisión el ardid desplegado por lo que entiende, es una organización en la que cada sospechoso desplegó una conducta. En este sentido, señaló que es necesario avanzar en determinar si se trata de una financiera que ofrecía importantes intereses que superaban los del mercado formal -y por fuera de este- a inversores, hasta un “punto de quiebre” que se trata de determinar, o si era la Finaciera de La Peruana y todos los involucrados.
El “punto de quiebre” tiene que ver con que la Financiera o Mesa de Dinero venía operando eficientemente hasta que en junio hubo un reacomodamiento de las condiciones en que se pactaban las inversiones porque la firma dejó de pagar los intereses acordados y devolver el capital.
En este ítem dejó afuera de la sospecha a dos inversores que expresaron que desde SAN MAR SAS se les ofreció firmar, y lo hicieron, una suerte de renovación –simulando cierta solvencia que ya no habría existido- aceptando la renovación por el plazo de un año -ya no de tres o cuatro meses como se venía haciendo con habitualidad- sin posibilidad de retirar el capital y con una tasa inferior a las que se venían acordando.
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