Un grave caso de corrupción salió a la luz en el corralón municipal de Rosario, ubicado en avenida Presidente Perón al 7900. Según pudo averiguar Mirador Provincial, la maniobra involucraba a empleados municipales y funcionarios de alto rango que vendían ilegalmente vehículos registrados como compactados, utilizando documentación falsificada para darle apariencia de legalidad a estas transacciones.
El caso fue descubierto en septiembre de 2024, cuando una gestora automotor presentó una queja formal ante la Municipalidad. La mujer aseguró haber adquirido un automóvil y una moto a precios considerablemente bajos, pero nunca recibió los bienes. Este reclamo encendió las alarmas y condujo a una investigación que reveló irregularidades en el manejo de vehículos en el corralón.
El intendente Pablo Javkin ordenó de inmediato la intervención del corralón y presentó una denuncia penal. Según pudo saber Mirador Provincial, la intervención reveló que varios vehículos de alta gama figuraban en los registros como compactados, pero en realidad permanecían en el predio, listos para ser vendidos de manera clandestina.
Una red organizada para lucrar con bienes públicos
La trama habría funcionado gracias a una red organizada de empleados municipales que incluía al ex juez de Faltas y ex director de Tránsito, Henry F., quien ya fue separado de su cargo. Además, otros empleados fueron suspendidos mientras avanza la investigación administrativa y judicial. Javkin se comprometió a llegar "hasta las últimas consecuencias" para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
La maniobra consistía en registrar vehículos como compactados para sacarlos del sistema oficial, mientras se comercializaban de manera ilegal. Según los primeros informes, se encontraron 69 irregularidades entre los registros oficiales y los vehículos hallados físicamente en el corralón. Entre ellos, motos desarmadas, lo que sugiere que también había un mercado negro de autopartes y repuestos.
Una investigación que ya muestra sus primeras aristas
La fiscal Guillermina Aiello está a cargo de la causa y analiza posibles delitos como falsificación de documentos, fraude a la administración pública y asociación ilícita. Según pudo averiguar Mirador Provincial, la Fiscalía trabaja sobre documentación interna del corralón y testimonios de testigos que podrían complicar aún más a los implicados.
Por otra parte, la Agencia Antilavado de Rosario ya había detectado anomalías en los registros de vehículos destinados a compactación. El análisis previo había mostrado inconsistencias en unidades de menos de cinco años de antigüedad y vehículos catalogados como de alta gama, que deberían haber sido compactados, pero aparentemente seguían en circulación.
Las acciones inmediatas y los desafíos
El municipio decidió trasladar la dependencia del corralón a la Secretaría de Control y nombrar un interventor para auditar completamente el área durante los próximos 90 días. Mientras tanto, el corralón permanece cerrado y se lleva a cabo un inventario detallado de los vehículos en depósito, tanto en el predio de Bella Vista como en el de calle Moreno.
El intendente Javkin afirmó que este caso es un ejemplo del tipo de prácticas que su gestión busca erradicar: “No vamos a tolerar que se lucre con bienes públicos. Esto es un delito grave que merece una respuesta contundente”.
Impacto en la confianza pública
El escándalo ha generado un fuerte impacto en la ciudadanía, que ahora demanda mayor transparencia en la administración municipal. Este caso pone en evidencia la necesidad de implementar controles más estrictos y mecanismos de auditoría para prevenir el desvío de recursos públicos.
Desde Mirador Provincial se pudo saber que, además de las medidas tomadas, se trabaja en la implementación de un sistema digital más riguroso para registrar y rastrear los bienes en custodia de la Municipalidad. Sin embargo, este proceso llevará tiempo y dependerá del compromiso político y administrativo de las próximas gestiones.
Un caso que seguirá dando que hablar
Con una investigación judicial en curso, las implicancias de este caso podrían extenderse más allá del ámbito local. La Fiscalía no descarta que la red de corrupción pueda estar conectada con otras actividades ilícitas, como el lavado de activos o el tráfico de repuestos.
El desenlace del caso no solo determinará las responsabilidades penales de los involucrados, sino también el grado de compromiso de las autoridades para garantizar una gestión pública ética y eficiente. La ciudadanía sigue de cerca los avances, exigiendo justicia y medidas concretas para evitar que episodios similares vuelvan a ocurrir.
