En un caso por razones que ya fueron desestimadas en otra instancia y en el otro por no seguir el orden de los reemplazos.

Recién conocido en la tarde de este jueves 16 de enero la integración del Tribunal en Feria con la vocal Gisela Schumacher y la jueza Gadys Pintos, quienes junto al vocal Miguel Ángel Giorgio entenderán en el incidente de prisión preventiva de Pedro Báez, el fiscal coordinador Leandro Dato presentó un recurso de revocatoria.

Dato pidió que se deje sin efecto aquella resolución entendiendo que ambas magistradas “se encuentran inhibidas de intervenir; en el caso de Schumacher por cuestiones subjetivas manifestadas por ella misma y en el caso de Pintos por no haberse seguido el orden establecido en la ley orgánica de Tribunales para las subrogaciones y /o reemplazos”.

En relación a Schumacher, el fiscal refirió a la presunta situación de “violencia moral” que adujo la jueza por los pedidos de apertura de juicio político en su contra, cuando pretendió apartarse de intervenir en el recurso de impugnación extraordinario que presentó el ex gobernador Sergio Urribarri contra la imposición de la prisión preventiva en la cárcel. En aquella ocasión, a fines de noviembre de 2024, los vocales Germán Carlomagno y Carlos Tepsich votaron por el rechazo del planteo hecho por Schumacher, mientras que el voto de Miguel Ángel Giorgio, fue por aceptarlo.

En aquella resolución el voto mayoritario entendió que “de prosperar el apartamento de un juez o una jueza por los motivos que aquí se analizan –denuncia de juicio político formulada por personas ajenas al proceso, hostigamiento mediático, repercusión social del caso–, estaríamos frente a un precedente de peligro latente para la garantía del juez natural de la causa, dado que bastaría con que quienes no satisfechos con la integración de un tribunal, encaren una ofensiva mediática con el solo fin de remover a la magistratura accionante en sus causas”.

Respecto de Pintos, el fiscal sostuvo: “También entiendo que no se ha cumplido con lo establecido en la ley orgánica con respecto a lo establecido para los reemplazos en los casos de jueces y juezas penales”. Añadió que “así advierto –y ha sido seguido adelante el orden por este mismo Tribunal– que según la organización de Feria le debería haber sido asignado a la doctora Paola Firpo, jueza de Garantías, atento a que la situación del doctor (Juan) Malvasio ya ha sido resuelta y la del doctor (Elvio) Garzón también”.

El fiscal entendió que “en este caso, de no seguir lo preceptuado por la ley implicaría otra violación al debido proceso, –en este caso de un juez natural– en atención que el orden establecido no se estaría cumpliendo, afectando de manera grave a la tramitación de este proceso y con la consecuente nulidad de lo aquí resuelto”.

Observadores de la dinámica judicial y de este proceso en particular, no dejaron de sorprenderse de que “Fiscalía está haciendo uso in extremis de los recursos que ofrece el proceso, pero que cuestionaba, tiñendo todo de sospechas, cuando la que echaba manos de ellos eran las defensas”