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Después de 24 años avanza el caso del "triple crimen de los pescadores"

 El principal acusado ya fue condenado por las muertes ocurridas en 2001. Pero un fallo de la Corte nacional en el caso Fraticelli lo benefició con la libertad. Ahora, se realizó la audiencia preliminar para un nuevo juzgamiento. Posiciones contrapuestas de las partes.

 

12-02-2025 | 18:26 |

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"Triple crimen de los pescadores"


 A 24 años, un mes y 10 días del gravísimo “triple crimen de los pescadores” la justicia penal de Reconquista cumplió un paso clave para avanzar hacia un nuevo juicio oral contra Carlos Cano, principal sindicado por el cruento asesinato de Francisco Meza (67), su hijo Rafael Meza (29) y Matías Bustamante (18) perpetrado a tiros en la zona de islas conocida como El Biguazal.

En ese punto geográfico ubicado aguas arriba de Puerto Reconquista, en la noche del 2 de enero de 2001 fueron ultimadas las tres víctimas con disparos de armas largas, uno de los cuales se determinó que fue ejecutado con la escopeta de Cano.

Por la también conocida como “masacre de El Biguazal”, el 9 de diciembre de 2004 este cazador de 19 años fue condenado en juicio oral realizado en Vera a reclusión perpetua como autor de los tres homicidios calificados por alevosía, agravados por el uso de armas de fuego y robo calificado con uso de armas en concurso real. El tribunal estuvo integrado por los camaristas Mario Balestieri, Carlos Corti y Roberto Prieu Mántaras.

 

Los jueces dictaminaron en su fallo que la investigación debía continuar en busca de más culpables en atención a que lucía inverosímil que una sola personas pudiera ejecutar a otras tres en una sola acción.

Y dieron por probado que Cano tuvo participación directa en al menos una ejecución. Basados en pericias criminalísticas indicaron que un cartucho fue disparado por la escopeta que blandió el homicida, a quien se le halló el reloj de uno de los asesinados.

El condenado, que en todo el proceso insistió con su inocencia, estuvo preso por espacio de 6 años y 6 meses. Fue hasta que la causa el exjuez penal Fraticelli generó la eclosión del sistema penal santafesino y obligó a la clase dirigente a refundarlo.

El caso por el que fue condenado en 2000 el entonces magistrado de Rufino junto a su esposa por la muerte de su hija Natalia fue apelado ante la Corte nacional, que se expidió en favor del recurso y declaró nula la sentencia por vicios de prejuzgamiento, a causa de que los jueces que integraron el tribunal habían participado en instancias previas del proceso judicial.

Lo propio ocurrió en el caso de Cano, donde los integrantes del tribunal pluripersonal que lo condenó participaron en etapas anteriores al juicio oral en su rol de camaristas penales.

En una acordada de emergencia, en 2009 la Corte provincial en consonancia con la nacional declaró nulo el fallo condenatorio y Cano quedó en libertad, en un bochornoso capítulo de la historia judicial del norte santafesino.

 

Barajar y dar de nuevo

En la línea de tiempo, en 2014 la provincia de Santa Fe adoptó el sistema acusatorio para dejar atrás el inconstitucional sistema inquisitivo en el cual los jueces podían actuar como instructores y, luego, fungir de magistrados de sentencia. O sea, ser juez y parte en una misma carpeta judicial.

A fines de la década pasada, en 2019 la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera resolvió planteos de prescripción del “crimen de los pescadores” formulados por la defensa técnica de Cano y sostuvo que de ninguna manera había prescripto, en consecuencia ordenó a la Oficina de Gestión de Gestión Judicial que disponga la realización de un nuevo juicio oral y público.

 

De esta manera, el martes de llegó a la audiencia preliminar de acusación de este miércoles presidida por el juez Gonzalo Basualdo en los Tribunales de Reconquista. Por espacio de 5 horas, los fiscales Nicolás Maglier y Valentín Hereñú oralizaron la postura acusatoria del MPA, en tanto los abogados defensores de Cano, Ricardo Degoumois (padre e hijo) y Andrés Ghío mocionaron el pedido de prescripción. El magistrado dijo que analizará los planteos para decidir dar curso a la realización del nuevo juicio.
“En el día de ayer ocupamos el rol del Ministerio Público de la acusación, el rol acusatorio con el doctor Valentín Hereñú, para defender en instancia de audiencia preliminar la acusación que había presentado por escrito hacia noviembre del año pasado el fiscal Alejandro Héctor Rodríguez, quien es el fiscal de la causa, lógicamente ajustándonos a los términos que él vertiera en aquel momento en el escrito acusatorio”, describió el fiscal Maglier.

Con respecto a la causa que lleva más de dos décadas impune, el funcionario reseñó que “todos los habitantes del norte de Santa Fe, los que hemos nacido aquí y somos residentes hace muchos años, en unos y otros casos sabemos lo que ha significado, lo que ha calado hondo en el sentimiento, en la memoria también emotiva del ciudadano de Reconquista; es una cuestión que no estila a ocurrir, ha habido una dilatación importante en el tiempo que tiene que ver con que esta causa se investigó y se juzgó en su momento bajo la órbita del viejo sistema procesal penal, que fue declarado inconstitucional en diversas ocasiones”.

Maglier añadió que “puntualmente, es la razón que fundó la anulación de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe del fallo condenatorio y lógicamente el reenvío en aquel momento de la causa al tribunal competente a los fines de que se empiece a evaluar lo que tiene que ver con el desarrollo del nuevo juicio oral y público; y desde entonces ha transcurrido el tiempo, ha intervenido un número importante de funcionarios, magistrados y distintas vicisitudes han llevado la causa hasta el tiempo actual donde ha presentado la acusación el doctor Rodríguez”.

Pruebas en entredicho

El fiscal dijo que durante la audiencia “se hizo una racconto hecho de distintos momentos, hitos, sucesos relativos a la presente causa y fundamentalmente el tiempo transcurrido, porque la defensa ha planteado la prescripción de la acción penal y ha planteado también la exclusión probatoria de dos elementos centrales en lo que tiene que ver con el caudal de cargo o incriminante hacia el imputado, y tiene que ver también con algunas formas en las cuales se realizaban los levantamientos de pruebas, de evidencia en el viejo sistema que no necesariamente, por decirlo de alguna manera, concuerdan con los estándares actuales, la forma en la que se trabaja actualmente”.

“En aquella investigación que se hizo hubo muchas falencias. No creo estar habilitado por el conocimiento de la causa, porque no es una causa mía, como para evaluarlo con detenimiento, pero el solo hecho de visualizar el transcurso del tiempo de alguna manera puede denotar que por lo menos es una cuestión que debería ser considerada, debería ser analizada más hondamente”, concluyó.

“Impune”

“Hasta el día de hoy los seguimos recordando con cariño y afecto”, se expresaron en 2021 mediante un comunicado los familiares de las tres víctimas, al cumplirse 20 años del suceso policial que las enlutó. En el escrito cargaron contra la justicia porque ”este asesinato quedó impune", y lo atribuyeron a "tanta corrupción que hubo en el recopilado de pruebas de jueces, fiscales y abogados".

En conjunto, remarcaron que "el fin de este mensaje es recordar esta tragedia a la comunidad, y que lo que sucedió sigue presente y no lo olvidamos, pero salimos adelante como familia, siempre unidos, alegres y recordando a nuestros seres queridos”.


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