Patricio Dobal
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El segundo semestre del año fue ajetreado para el efector de salud privado más grande y más antiguo de Rosario. Complicado por deudas que se acumulan desde hace más de una década, el Hospital Italiano Garibaldi estuvo en las últimas semanas a punto de interrumpir todo tipo de prestaciones, las mismas que hoy intenta desarrollar con cierta normalidad mientras una intervención se hace cargo de la administración a partir de un mandato judicial.
“El hospital tocó fondo”. Con esa frase, la mayoría de los actores que siguieron el derrotero de la Sociedad de Beneficencia Hospital Italiano Garibaldi, que conduce el último de los denominados hospitales de comunidad de la ciudad, admiten la gravedad del presente, pese a que sobre finales de octubre y principios de noviembre, parte de los servicios que habían cesado, han vuelto a brindarse.
En concurso preventivo desde 2008 la entidad administradora, no pudo cumplir con el plan de pagos que se había comprometido a liquidar para saldar sus deudas y dicha situación llegó en agosto a un cuello de botella tal que proveedores y médicos dejaron de operar con el centro de salud.
El miedo a que se bajaran las persianas del imponente edificio de Virasoro al 1.300 en la zona sur de Rosario, se tradujo en abrazos solidarios convocados por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (Atsa), el gremio que nuclea al grueso del personal de enfermería, que junto con otros puestos de planta permanente abarca a casi 500 empleados. El pedido de normalización salarial, en realidad traía implícito la posibilidad de cierre definitivo, ya que de 200 camas disponibles, se estaban utilizando sólo 40, con casi ninguna cirugía programada.
El primer atisbo para intentar solucionar el problema llegó con la aparición de la Inspección General de Personas Jurídicas que decidió disponer de un equipo contable y uno médico para que coadministre el hospital por 30 días junto a la comisión directiva, y así priorice pagos esenciales para permitir la continuidad operativa, además de realizar un pormenorizado análisis de las finanzas. Con el antecedente de un último balance que se remontaba a enero de 2014, tras cuatro semanas de trabajo e informe lapidario de por medio, el titular de la repartición, Ricardo Silberstein, le recomendó al juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 7ª Nominación de Rosario, Marcelo Quiroga, que dispusiera la intervención. Esa decisión llegó a fines de octubre.
Panorama complejo Ahora bien, Fiscalía de Estado, a través de la Inspección General de Personas Jurídicas halló varias irregularidades para justificar la intervención. Mirador Provincial tuvo acceso al informe que recibió el juez Quiroga, que entre otros aspectos remarca que “la ausencia de contabilidad es una gravísima irregularidad atento que impide determinar claramente cualquier política de gestión, flujo de fondos de efectivo, relación de ingresos y egresos, costos, etc. Estas falencias de por sí resultan graves en cualquier empresa, pero en una que tiene la magnitud y objeto como la presente toman una significación mucho mayor”.
La participación que dirige Silberstein cuestionó además la ausencia de constancias de las últimas dos comisiones directivas, “produciéndose un efecto secuencial de invalidez administrativa”. Por último, la cesión de facturas hechas por la administración, a juicio de Fiscalía de Estado “pone en riesgo la posibilidad de continuidad de la entidad atento que posiblemente no se cuenten con fondos para pagar sueldos adquirir insumos y pagarle a los profesionales del arte de curar”.
Así, Quiroga determinó en su resolución “intervenir a la Sociedad de Beneficencia Hospital Italiano Garibaldi Asociación Civil, desplazando a su Consejo de Administración y en su lugar designar una intervención de carácter colegiado integrada por un representante de Colegio de Abogados, uno del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y uno del Colegio Médico”. Mientras se esperaba la designación del trinomio, el contador Víctor Gabilondo tomó las riendas en forma provisoria.
La función de los interventores será la de preparar el camino para llegar a la normalización de la asociación, efectuando las tareas necesarias para la realización de un acto eleccionario destinado a elegir nuevas autoridades en un plazo inicial de 60 días que podrá ser prorrogado.
EL FUTURO El panorama gris en el efector, sobre el cierre del año tiene signos de reactivación: se anunció la reapertura de la maternidad del Italiano. “Habían vencido los contratos con diversos servicios externos y, ante la falta de una autoridad para renovar esos vínculos, no se había podido seguir atendiendo partos. Esa situación cambió a partir de la intervención, por lo tanto se mantienen las fuentes de trabajo de 460 empleados y 400 médicos en todo el policlínico. No hubo reducción de personal”, sostuvo Juan Martino, secretario general de Atsa.
Los nuevos vientos implicaron incluso la incorporación de Néstor Herrera, despedido en mayo, quien se desempeñó por siete años a cargo de la jefatura en el hospital. “Se debe el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año y el incremento salarial del 15 por ciento establecido en paritarias sobre el sueldo de julio y agosto. Por lo demás están abonando normalmente”, definió Martino.
