A partir de un decreto que firmó el gobernador Pullaro y su gabinete, todas las vacancias serán "cooptadas" por una única jurisdicción. Quedarán "congeladas", hasta que una junta creada en el ámbito del Ejecutivo, determine la pertinencia de su cobertura.
Con la finalidad de evitar la cobertura de vacantes en el Estado de manera "indiscriminada", el Poder Ejecutivo dictó un decreto que establece un nuevo procedimiento a tal fin. El texto lleva la firma del gobernador Maximiliano Pullaro y de cada uno de los ministros de su gabinete.
A partir de ahora, todas las vacancias que se produzcan serán "cooptadas" por una única jurisdicción que determinará su "indisponibilidad". Desde entonces, una comisión especial analizará la pertinencia o no de su cobertura y sólo de acuerdo con el resultado de esa evaluación, se tomará la decisión política de iniciar el trámite para cubrirla.
La jurisdicción única que "congela" la vacante es "Obligaciones a cargo del Tesoro" (se identifica como Jurisdicción 91) y el ámbito de análisis que decidirá sobre su cobertura es la "Comisión de Planificación y Diseño Funcional de la Organización", que operará bajo el ámbito de los ministerios de Economía y Gobierno. Estarán exceptuados de dicho mecanismo el régimen policial y docente.
Hasta aquí, cada vacante producida en cualquier repartición pública disparaba un mecanismo de cobertura, que debía promover el ministro del área. Pero según explicaron fuentes oficiales a este medio, dicho procedimiento se activaba de manera casi automática sin reparar en la real necesidad de la cobertura; esto es, sin tener en cuenta aspectos asociados a los avances tecnológicos o a los cambios de la propia organización del Estado. Se desencadenaba, además, una sucesión de ascensos para el resto de los eslabones. La práctica implicaba, asimismo, una fuerte mediación y participación de los sindicatos como "guías" a lo largo de todo el proceso; y hasta que se llegara a la instancia política de la firma del respectivo decreto.
A partir de ahora, ya no será potestad de los ministros habilitar tales procedimientos, si no se cuenta antes con una opinión favorable de la Comisión citada, que deberá estudiar cada caso y habilitar la cobertura correspondiente.
En sus considerandos, el decreto Nro. 1962 firmado este lunes 21 de octubre, repara en la decisión adoptada oportunamente para sistematizar los cargos vacantes a fin de "transparentar y optimizar la gestión de los mismos". Asimismo, plantea que a raíz de la reciente reforma previsional, se generó un "significativo número de vacancias, motivadas en las renuncias presentadas por los agentes para acogerse a la jubilación".
Del mismo modo, se advierte que el gobierno digital obliga a "repensar las estructuras orgánicas y los puestos de trabajo actuales". Por todo ello, se considera "necesario articular un instrumental de planificación, mediante el cual la organización realice estudios de necesidades cuantitativas y cualitativas de recursos humanos".
Frente a ello, se plantea, se requiere "sistematizar adecuadamente la cantidad de cargos vacantes de cada jurisdicción con el objetivo de transparentar el manejo de los mismos y elaborar pautas de cubrimientos, buscando siempre atender necesidades funcionales y la mejora de la gestión administrativa en línea con las ideas de austeridad, transparencia, innovación, digitalización, eficacia y eficiencia del Estado".
Respecto del rol de la Comisión a crearse, deberá "relevar, analizar y describir los puestos de trabajo en su ubicación organizativa; determinar perfiles de aptitudes y competencia; redistribución flexible de las personas en función de las necesidades organizativas, proyectar innovaciones estratégicas e incorporar tecnología en los diferentes procesos administrativos vinculados al diseño de las estructuras orgánica-funcionales de la Administración Pública Centralizada".
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