“El proyecto busca proteger legalmente al ciudadano de los abusos que cometen los municipios reiteradamente al cobrar tasas improcedentes” explica Malfesi. Y es que ya el primer artículo es toda una declaración solemne: cambia lo que hasta ahora se entendía por una tasa municipal y ata su cobro a la existencia de una efectiva contraprestación de parte de la administración pública.
Si el contribuyente prueba en forma fehaciente que no recibe contraprestación efectiva de la administración, la tasa deja de ser obligatoria, ya que se destruye su esencia. Y pesa sobre la administración pública la carga de la prueba de que brinda una contraprestación efectiva. Siguiendo la estela del Ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, se consagra por ley el beneficio del “silencio positivo” en favor de las personas: si un particular le pide algo a la administración pública y esta no da respuesta, dentro de un plazo, le está otorgando lo solicitado por el particular.
La reforma impulsada por Malfesi se encuadra en una lucha mucho más grande que ha emprendido contra la burocracia y las trabas regulatorias en la provincia de Santa Fe. La diputada ya avanzó sobre IAPOS y el Arte de Curar (que sean optativas), planteó la derogación del SIRCREB o pidió la derogación de la obligatoriedad del Banco de Santa fe para empleados públicos.
También atacó la ley de Grandes Superficies, a la que tachó de comunista y puso el ojo sobre la EPE y el costo de la energía, proponiendo derogar los impuestos provinciales que encarecen el suministro de energía eléctrica en la provincia. “Una reforma de este tipo es sumamente importante. Sino, los intendentes o presidentes comunales se sienten impunes y cobran tasas ilegales, cómo por ejemplo sobre los combustibles, o pasa como con la Tasa de Caminos Rurales, donde muchas veces el estado municipal recibe el dinero y terminan destinando los fondos para otros fines”, sentenció la Presidente del Partido Libertario de Santa Fe.