Los defensores oficiales Gaspar Reca y Sebastián Ludi volvieron a plantear el jueves 20 de febrero, sintéticamente, los sólidos argumentos que desarrollaron en la audiencia del viernes 5 de abril de 2023 cuando se opusieron a la remisión de la causa Coimas a debate y solicitaron el sobreseimiento de su asistido, Miguel Ulrich, que aún sigue desempeñándose en la Dirección de Ajustes y Liquidaciones de la provincia.
En aquella audiencia, la defensa precisó que Ulrich ingresó a la Administración Pública en 1993, durante una de las gestiones de Busti, y asumió en la Dirección en 2003, comprendiendo su trabajo las gestiones de Urribarri, Gustavo Bordet, y actualmente, la de Rogelio Frigerio. También habían planteado que ya “se agotaron las tareas investigativas y Fiscalía no cuenta con evidencia con base suficiente para remitir la causa a juicio”.
La defensa recordó que Ulrich fue sobreseído por resolución del juez de Garantías, Mauricio Mayer, acto que fue revocado por el Tribunal de Juicio y Apelaciones, decisión que a su vez fue atacada por la defensa y está pendiente de resolución el Recurso de Queja Directo que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En la audiencia del jueves 20 de febrero, Reca y Ludi, renovaron todos los planteos realizados en las audiencias anteriores respecto de la exclusión probatoria de toda la evidencia digital, de la que, si bien no la desarrollaron en su totalidad nuevamente, los trajeron a colación para no dilatar la audiencia de remisión.
Así, partiendo del pedido de exclusión probatoria se opusieron a la incorporación de la prueba documental y testimonial que está vinculada con todo lo atinente a aquella evidencia digital que se recolectó en el contexto de la investigación por el presunto delito de Enriquecimiento ilícito que se le atribuye al exgobernador, Sergio Urribarri y su entorno, enumerando con el correspondiente número toda la evidencia digital que se rechazaban y los testigos con los que Fiscalía pretende incorporar aquella evidencia.
También se opusieron a la incorporación de los informes bancarios, telefónicos y del gabinete pericial del MPF que refieren a la interpretación y valoración de toda aquella evidencia digital. También hicieron lo propio a la introducción de las declaraciones testimoniales de empleados de la firma Relevamientos Catastrales que fueron imputados en el inicio de la investigación y accedieron a la Suspensión del juicio a prueba en esta causa y de las secretarias privadas de Cardona Herreros.
También rechazaron la incorporación de la documental y las testimoniales de todos quienes intervinieron en los allanamientos, en razón de que, si toda la evidencia digital se cae por los planteos de exclusión probatoria, no tiene ningún sentido que concurran los testigos de un procedimiento cuyos resultados fueron excluidos del proceso.
La Defensa Pública se opuso a la incorporación de los informes o pericias contables y de entrecruzamiento de las líneas telefónicas que elaboraron en Fiscalía las peritos del organismo, porque se consideró que no se trató específicamente de informes, que quienes los elaboraron son dependientes del MPF y en definitiva, porque se trató de una actividad valorativa que desarrollaron las profesionales de Fiscalía, además de ser producto de aquella evidencia digital de la que se había planteado su exclusión del proceso.