La decisión se adoptó en el contexto de la investigación que se sustancia para determinar las responsabilidades de personal de la Municipalidad de Paraná en el otorgamiento de licencias de conducir falsas. La imputada, de 23 años, desconocía que el carnet no era válido. Fuentes judiciales indicaron que la presunta organización se movía sin una planificación previa.
El juez de Garantías de Paraná, Pablo Zoff, resolvió conceder la Suspensión del juicio a prueba o Probation a DST, una chica de 23 años que fue procesada por el presunto delito de Falsificación de documentos. Se trata de una de las 25 personas que fueron detectadas por la Policía de Entre Ríos circulando con una licencia de conducir apócrifa.
La acusación, a cargo del fiscal Gonzalo Badano, instó la concesión de la salida alternativa el juicio plenario, tal como lo requiere la figura. También se consideró que se trata de un delito menor, que la joven no tiene antecedentes penales computables ni accedió a otra Probation.
La defensa, a cargo de Boris Cohen, tras el cierre de la audiencia manifestó que para que figura proceda debe haber “un dictamen fiscal favorable” a cambio de una “conducta positiva que comúnmente se conoce como tareas comunitarias. Como se trata de un delito sin víctimas, se daña a la administración, no hubo reparación económica. La persona imputada, en el análisis que hace la Fiscalía, no tendría el dolo, la capacidad o la autoría de ser quien habría falsificado ese documento, sino que fue quien lo recibió en la creencia de que se trataba de un documento válido. Esta persona no tiene amplios conocimientos en materia de administración”.
La chica fue detectada en un operativo de control de rutina, se le solicitó la licencia de conducir y se descubrió que era falsa”. Cohen añadió que la causa es más grande y abarca a otras personas. En este sentido señaló que aquello “es el porqué de haber arribado a una salida alternativa puesto que no se está investigando quién es el portador de una licencia falsa sino el origen de esta documentación apócrifa que atenta contra el Municipio de la ciudad, que es el encargado de otorgarlas”.
Fuentes judiciales indicaron a Mirador Entre Ríos que “varias personas ya han solucionado sus respectivas situaciones procesales con esta herramienta”. También añadieron que “se trata de una modalidad de delito que no tendría una organización previa para captar a las personas ni un lugar específico para plantear la ilegal salida”. Finalmente agregaron que “la Municipalidad se mostró muy interesada en que el caso se esclarezca y se determinen las correspondientes responsabilidades”.
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