La Fiscalía pidió 60 días de prisión preventiva para Lautaro Damián Villanueva y Jonathan Emanuel Duarte, imputados de los presuntos delitos de Provisión ilegal de armas de fuego con habitualidad y entrega a un menor de edad y Tenencia de arma de fuego de uso civil.
La jueza de Garantías de Paraná, Carola Bacaluzzo, resolvió este jueves dictar 60 días de prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, para Lautaro Damián Villanueva, de 33 años, y Jonathan Emanuel Duarte, de 42 años, hasta ahora los dos únicos sospechosos de integrar una organización que se dedicaría a adquirir armas de fuego utilizando como testaferros u “hombre de paja” a personas que tienen la condición de legítimo usuario, para luego ingresar las armas adquiridas legalmente al mercado ilegal.
Bacaluzzo escuchó también el pedido de devolución de las armas que realizó el letrado Cristhian Panceri, que asiste a Martín Mocciaro, dueño de la Armería Paraná, que fue la única allanada de los 17 procedimientos que se realizaron el martes 17 en Paraná, de donde se llevaron secuestradas 45 armas de las 70 que se secuestraron aquella jornada. Respecto de este punto, tras escuchar a las partes, la jueza pasó a un cuarto intermedio para analizar las posturas, habida cuenta que Fiscalía se opuso a la devolución porque considera que la investigación está en sus inicios, y dará a conocer su resolución antes de la feria judicial.
Mocciario no está imputado. Su abogado sostuvo que las autoridades se extralimitaron en la medida porque fueron más allá de lo que ordenó el juez Eduardo Ruhl, que autorizó los allanamientos y el secuestro de las armas que no contaran con la documental respaldatoria o estén en situación irregular. Cuestionó que los preventores se llevaron 29 armas que están legalmente registradas y nueve que estaban en etapa de registración.
La hipótesis de los fiscales, Laureano Dato y Cristian Giunta, es que se está ante una organización de la que aún, en la etapa incipiente de la investigación, no se sabe hasta que se realicen otras medidas de prueba, el alcance y la profundidad de sus ramificaciones. En este sentido, solicitaron la medida de coerción más gravosa mientras se sustancia la investigación.
Destacaron el peligro de fuga, por la pena en expectativa que va de los 4 años a los 16 años de prisión, y el de entorpecimiento, reseñando las relaciones que surgen entre esta investigación y las que se realizaron por las balaceras que asolaron la zona oeste de Paraná en mayo de 2024, donde se logró comprobar que se utilizó una de las armas adquiridas mediante aquella “novedosa modalidad delictiva”.
La defensa de Villanueva, a cargo de Javier Aiani, y la de Duarte, que es asistido por el letrado, Claudio Berón, solicitaron la morigeración del encierro preventivo sosteniendo que Fiscalía no logró acreditar con el grado de probabilidad que la etapa requiere, la existencia de ambos riesgos procesales, sobre todo el de fuga, habida cuenta que ambos sospechosos tienen arraigo en Paraná, trabajo y esposas e hijos a cargo. Respecto del peligro de entorpecimiento, entendieron que con las restricciones de rigor y otra que se pueda disponer, el riesgo quedaría conjurado.
Berón fue el más crítico de la medida. La consideró “irracional”. Sostuvo que el tipo penal que se le atribuye a su defendido no se corresponde con el hecho endilgado. El tipo penal refiere a quien le vende un arma a quien no tiene la condición de legítimo usuario. En este sentido señaló que Fiscalía acusa que Duarte le entregó a Villanueva –quien tiene ostenta aquella condición- un arma que fue utilizada en las balaceras del 10 de mayo, por las que hubo seis hombres imputados, tres de cada bando, y tres ya resolvieron su situación procesal mediante un juicio abreviado que se presentó en septiembre de este año.
Fiscalía también sostiene que Duarte, en su declaración indagatoria del miércoles 18 dio una versión contradictoria de los motivos por los que adquirió cuatro armas –de las que Fiscalía sostiene que, como Villanueva, no tiene la capacidad económica para adquirir en las cantidades que se sostiene se lo hizo-, señalando que compró cuatro 9 milímetros por una cuestión de seguridad, para regalársela a su pareja, como una inversión y para practicar tiro. Los fiscales expresaron que se investigó si alguno de los imputados, habida cuenta la cantidad de armas que adquirieron durante 2023-2024, fue al Tiro Federal a practicar la disciplina, comprobando que nunca lo hicieron.
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